Remitirá enmienda constitucional al Senado

El gobierno federal mexicano ha tomado una decisión significativa en relación con las pensiones de exfuncionarios de alto nivel. El próximo lunes 23 de febrero, se enviará a la Cámara de Senadores una reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones excesivas que actualmente perciben ciertos exfuncionarios en diversas dependencias y empresas públicas. Esta iniciativa, que busca rectificar lo que se considera un privilegio innecesario, se centra en modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones de estos exfuncionarios no podrán superar el 50% del salario del presidente de la República.

Esthela Damián Peralta, consejera jurídica de la Presidencia, ha detallado que esta reforma no afectará a los trabajadores sindicalizados ni a aquellos con base, sino que se dirigirá exclusivamente a los altos mandos que, en algunos casos, han trabajado solo unos pocos años y aún así reciben pensiones mensuales exorbitantes, que oscilan entre 300,000 y más de un millón de pesos.

La situación resulta aún más alarmante al recordar que, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, una empresa extinguida desde 2009, más de 14,000 jubilados generan un costo anual cercano a 28,000 millones de pesos. De este grupo, cerca del 70% recibe pensiones que van desde los 100,000 hasta más de un millón de pesos mensuales, lo que plantea una clara disparidad con las pensiones promedios del IMSS y el ISSSTE, que rondan entre 6,600 y 8,400 pesos. En un contexto más amplio, se ha evidenciado que algunos exdirectivos pueden estar ganando hasta 140 veces el promedio que perciben los pensionados a nivel nacional.

Además, el diagnóstico oficial indica que Pemex tiene más de 22,000 jubilados con un costo anual cercano a 25,000 millones de pesos, mientras que en la Comisión Federal de Electricidad, 54,000 jubilados generan un gasto de aproximadamente 41,000 millones de pesos anuales. Estos números destacan que 2,199 jubilados de la CFE están recibiendo pensiones superiores al salario presidencial.

La expectativa es que, si se aprueba la reforma, los ahorros resultantes se destinen a programas de bienestar social. No obstante, algunos beneficiarios de estas pensiones estaban en descontento, aunque se ha señalado que las reformas constitucionales no son susceptibles de impugnación a través de amparos. Esta medida busca poner fin a lo que se considera pensiones sin justificación, reflejando un esfuerzo por utilizar los recursos del Estado de manera más equitativa. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que no es justo que, con el dinero del pueblo, se continúen pagando jubilaciones excesivas.

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