En los últimos ocho años, México ha enfrentado un preocupante retroceso en el acceso a la salud, marcando una caída significativa en la cobertura médica para su población. Según el Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016, el 84% de los mexicanos contaba con acceso efectivo a servicios de salud. Sin embargo, para 2024, esta cifra se desplomó al 66%, lo que significa que un alarmante 34% de la población carece de acceso tanto a servicios médicos públicos como privados.
Contrariamente a esta tendencia negativa en el sector salud, se ha observado un modesto avance en el acceso a la seguridad social, que subió de un 45.9% en 2016 a un 51.8% en 2024, reflejando un progreso de casi seis puntos porcentuales. A pesar de esta mejora, el acceso a la seguridad social sigue siendo desigual, ya que solo la mitad de los mexicanos están afiliados a instituciones como el IMSS o el ISSSTE, evidenciando retos aún significativos en la cobertura.
Las brechas en acceso se hacen evidentes a nivel estatal. Por ejemplo, en 2024, Nuevo León y Baja California Sur reportaron que más del 80% de su población no experimentaba carencias en el acceso a servicios de salud, mientras que Chiapas registró el porcentaje más bajo, con solo un 36.7% de su población sin dicha carencia. Este contexto resalta las desiguales condiciones de vida que persisten entre las distintas regiones del país.
En términos de accesibilidad geográfica, un 93.3% de la población afirmó que podría llegar a un hospital en menos de dos horas en caso de emergencia, manteniendo cifras similares a las de 2016. Sin embargo, el sur del país continúa enfrentando rezagos importantes, ya que en estados como Oaxaca, solo el 75.2% de la población puede acceder a un hospital en ese tiempo.
Las desigualdades también se extienden al ámbito de la seguridad social. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, apenas uno de cada cuatro habitantes tiene acceso a estos derechos, en contraste con los más del 71.4% en estados del norte como Coahuila y Nuevo León. En 2024, el acceso a pensiones no contributivas para adultos mayores no económicamente activos creció, alcanzando un 40.1%, superior al 32.6% registrado en 2016, aunque las diferencias entre regiones perduran.
Otro aspecto crítico está relacionado con las brechas de género, donde las disparidades son particularmente marcadas. En 2024, la participación laboral de las mujeres de 15 años o más fue del 51.8%, en comparación con el 79.2% de los hombres, lo que revela una brecha de 27.3 puntos porcentuales. Esta desigualdad se agudiza para las mujeres con hijos, donde solo el 63.3% participa en el mercado laboral frente al 81.3% de aquellas sin descendencia.
La situación es aún más alarmante para las mujeres indígenas adultas mayores de áreas rurales, de las cuales un 96.7% no tiene afiliación a ninguna institución de seguridad social. Las diferencias en comparación con mujeres no indígenas urbanas alcanzan los 39 puntos porcentuales, una brecha que ha crecido desde 2016.
El SIDS, que se alinea con un enfoque basado en los derechos humanos, no solo mide carencias, sino también el nivel en que el Estado garantiza derechos sociales esenciales como salud y seguridad social, identificando las inequidades estructurales que enfrenta la población.
En resumen, los datos reflejan una realidad compleja: aunque se han logrado ciertos avances en seguridad social, el retroceso en el acceso a la salud y las marcadas desigualdades regionales y de género destacan la necesidad urgente de políticas públicas que aborden estas disparidades para garantizar el bienestar de todos los mexicanos.
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