El pasado 7 de julio, en mi calidad de senador de la República, remití a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que desarrolle un informe sobre el tráfico ilícito de armas hacia los Estados Unidos Mexicanos. Fue aprobado por unanimidad.
De acuerdo con los aseguramientos de armas de fuego realizados por las autoridades mexicanas correspondientes, aproximadamente el 70% de ese armamento tiene origen de fabricación o de venta en los Estados Unidos de América. El 30% restante proviene de importaciones o producción local de licenciatarias europeas, principalmente de la República Federal de Alemania, la República de Austria, el Reino de Bélgica, el Reino de España, la República Italiana y Rumania.
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La primera es el intercambio de información y el uso de inteligencia dirigida a compartir, desarrollar e instrumentar estrategias regionales, hemisféricas y globales; la segunda se refiere al despliegue de operativos coordinados transnacionales en puntos de salida, tanto de personas como de carga, incluyendo puertos marítimos, aéreos y vías férreas.
En este sentido, en compañía del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 4 de agosto asistí a la presentación que hizo el Gobierno mexicano del litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México, convocada en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital del país.
En aquel foro se habló de la demanda civil presentada ante una corte federal radicada en Boston, Massachusetts, por el Gobierno de México, la cual busca no solo la reparación del daño que provoca este tráfico ilegal de armas desde los Estados Unidos hacia nuestra nación, sino evitar la tragedia de violencia que esta padece y que afecta primordialmente a las familias de las víctimas.
Este tráfico ilegal de armas tiene un impacto directo en México, que incide en el aumento de la violencia, el empoderamiento de los cárteles y de los grupos criminales que se dedican al narcotráfico, al secuestro, a los asesinatos y homicidios y a muchos otros delitos relacionados con el uso de armas introducidas de manera clandestina.
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Si bien la violencia y el mal uso de las armas afectan gravemente a nuestro país, también las padece la Unión Americana. En 2019, por ejemplo, se registraron allí aproximadamente 37.096 muertes por arma de fuego, lo que equivale a 102 fallecimientos diarios: el 60% mediante suicidio, y el 40% restante vinculado a homicidio. Dentro de estas cifras se encuentran las víctimas de tiroteos, de los cuales tan solo en 2020 se registraron 611, y en lo que va del año 2021 han tenido lugar 119, con un resultado de 141 personas muertas y 466 heridas, según información de Gun Violence Archive.
Por ende, nuestro país ya no puede permanecer en silencio. El paso que se ha dado para demandar civilmente a diversas empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos es correcto, oportuno, valiente y justo, sobre todo a la luz de las víctimas y sus familiares, así como respecto a la vocación pacifista y mediadora de conflictos que ha destacado a México ante el mundo.
