Las tensiones en el corazón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han desembocado este miércoles en una brecha insalvable. La mayoría de los magistrados de la Sala Superior ha destituido al presidente del órgano, José Luis Vargas, por vulnerar los “principios y deberes” propios de su cargo y cometer “abusos” durante su gestión, que empezó el pasado noviembre. El juez, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuesto enriquecimiento ilícito, ha rechazado, sin embargo, la votación y se ha resistido a dimitir. Eso no ha impedido que el pleno eligiera ya a un nuevo presidente, que será Reyes Rodríguez.
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El tribunal mexicano iba a celebrar esta tarde una sesión pública para tratar asuntos de carácter ordinario. Pero cinco de los siete magistrados de la Sala Superior han optado por plantear una evaluación del desempeño de Vargas debido al profundo malestar que desde hace meses se respira en la institución y que en vísperas de las elecciones intermedias del 6 de junio se tradujo en quiebra de confianza. Las preocupaciones tienen que ver, en esencia, con tres asuntos.
En primer lugar, la independencia, que según sus críticos el responsable del órgano no ha sabido garantizar. En segundo lugar, sus decisiones, rechazadas a menudo por arbitrarias. Y por último, la gota que colmó el vaso: la reapertura de una investigación por el aumento exponencial de sus ingresos desde 2013 hasta más de 36 millones de pesos, casi dos millones de dólares. La Fiscalía General de la República había solicitado archivar el caso, pero la UIF lo reactivó a finales de julio.
El Tribunal Electoral de la Federación no es una institución ornamental. Se trata del órgano, dependiente del poder judicial, encargado de dirimir las controversias sobre candidaturas, partidos, coaliciones, financiación y campañas y tiene en sus manos decisiones clave porque repercuten en los equilibrios políticos.
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Con estas premisas, las frecuentes críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de Morena, el partido que sostiene al Gobierno, no son casuales. La división dentro del organismo se exacerbó precisamente a raíz de unas resoluciones que afectaron a la formación oficialista. Esto es, la anulación de las candidaturas de dos de sus dirigentes, Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y Raúl Morón a la de Michoacán, así como la ratificación de un mecanismo que en los últimos comicios legislativos puso coto al trasvase de candidatos entre partidos aliados.
Los cinco magistrados que ahora han impulsado el cese de Vargas -Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes e Indalfer Infante- ya le acusaron entonces de ganar tiempo y retrasar las deliberaciones de forma unilateral. La única que como hoy respaldó al juez fue Mónica Soto. Vargas, que llegó al tribunal de la mano del PRI, votó a favor de Salgado Macedonio y Morón, en contra del criterio de la mayoría, aunque sí se alineó con el resto de la Sala Superior al apoyar el acuerdo del INE para limitar la sobrerrepresentación parlamentaria. Estas sentencias desataron el enojo de López Obrador, quien arremetió contra la institución hablando de “golpe a la democracia”.
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La destitución del presidente del organismo y la elección de su sustituto se han producido en una sesión accidentada, primero interrumpida y después reanudada sin la presencia del afectado. Vargas se niega a dejar su cargo -su mandato vence en 2023- y ha convocado para este jueves una sesión privada para impugnar lo sucedido. En su opinión, según ha manifestado en un mensaje grabado y difundido en las redes sociales, “la solicitud de Felipe de la Mata para que se incluyera una evaluación de mi desempeño como presidente no corresponde a la naturaleza de las sesiones públicas”. “Someter la evaluación del desempeño público de la presidencia que represento escapa a las atribuciones de este Pleno”, ha insistido elevando el tono: “Lo sucedido constituye una ruptura constitucional ilegal […]. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura”.
El juez argumenta que “no existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior” y que “el término de la presidencia solo concluye al cumplirse el período de cuatro años”. Sin embargo, la negativa de Vargas a participar en el debate planteado por sus colegas y el abandono de la sesión generó un vacío de poder, asumido primero por Janine Otálora y después, tras la votación de la mayoría, por Reyes Rodríguez.
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El magistrado, que en los últimos meses no había ocultado su disparidad de criterio con Vargas, ha asumido como nuevo presidente con un pronunciamiento sobre la independencia judicial. “La ciudadanía exige jueces y tribunales independientes e imparciales, que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales y que sean pilar de la democratización del país”, ha señalado. “El Poder Judicial […] debe sustraerse de cualquier vínculo con los poderes públicos y fácticos”, ha incidido antes de pedir al pleno un ejercicio de autocrítica “con la distancia suficiente para corregir errores”.
