Lo peor, de todo lo malo que se dice sobre la cárcel neoyorquina de Rikers Island, es que nadie parece exagerar cuando habla de crisis humanitaria, polvorín o agujero negro de un sistema, el penitenciario, reventado por la saturación y los tiempos de espera y tensionado gravemente por la pandemia.
Una docena de internos muertos este año, cinco de ellos por suicidio, o un absentismo diario del 30% de la plantilla de funcionarios a raíz del corovid. En palabras de un médico que trabajó dos años en el complejo y narró recientemente su experiencia en una carta a The New York Times. La brutalidad y el trato inhumano han alimentado la fama de Rikers desde su inauguración, en 1935, pero la pandemia ha intensificado la violencia.
La crisis se ha convertido este año en una patata caliente para los políticos, la mayoría de los cuales, incluido el alcalde electo, Eric Adams -que ha definido Rikers como una “vergüenza nacional”-, abogan por un plan de cierre aprobado hace cuatro años y que en teoría debe culminar en 2027.
El penal, el mayor de Nueva York, con un promedio anual de 100.000 admisiones, alberga a 6.000 internos, la mayoría de ellos preventivos, y un ínfimo porcentaje de condenados por delitos menores, con penas inferiores a un año. Un informe de un monitor federal encargado de supervisar las reformas en curso constataba este verano que Rikers está “atrapado en un estado de deterioro” y “plagado de violencia y desorden”. Vincent Schiraldi, el reformista comisionado de Servicios Penitenciarios de la ciudad, ha durado seis meses en el cargo y será sustituido por un funcionario de perfil más rigorista.
Mientras la plantilla de 8.400 funcionarios, sin contar el personal auxiliar, se reducía día a día por el coronavirus (se contagiaron al menos 2.200), el número de internos no hacía sino crecer, pese a que durante la pandemia fueron liberados unos 1.500 para frenar la transmisión del virus. La población carcelaria acabó superando los niveles prepandémicos, y la tasa de autolesiones se disparó.
En agosto, constató el supervisor federal, la escasez de personal, que denuncia insuficiente protección, comprometía la seguridad en la isla; también provocaba retrasos en la distribución de alimentos, agua y medicamentos, por no hablar de la lista de espera para recibir atención médica o psicológica. Los trastornos mentales tienen una incidencia exponencial entre la población reclusa de EE UU, y muy en especial en Rikers.
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Casi la mitad de los internos está recibiendo tratamiento psicológico -muchos de ellos necesitan apoyo para afrontar el estrés- y el 15-17% son casos graves (la incidencia en la población general es del 3-5%). En las cárceles de preventivos, como Rikers, hay más suicidios que en las prisiones que albergan a los condenados en sentencia firme; en EE UU son dos tipos distintos.
Pero la pandemia truncó las mejoras. “La incidencia de la covid fue diez veces superior en las cárceles durante la primera ola, y el confinamiento implicó un aislamiento bestial del mundo exterior, sin visitas, sin poder acudir al juzgado e incluso con dificultades para ver a los abogados. Los presos quedaron en un limbo legal, viendo cómo sus compañeros de celda caían enfermos.
Este verano empezaron a verse los problemas más agudos, al confluir el aumento de la población carcelaria y el absentismo de los funcionarios”. Para aliviar la presión, “se han habilitado 400 camas en tres hospitales para tratar a los enfermos más graves”, recuerda Barber. La medida forma parte de los planes municipales de reformar el sistema de justicia penal, mediante la construcción de cuatro instalaciones más modernas en los distritos (“con una mentalidad más rehabilitadora”, explica Barber) que sustituyan a Rikers.
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