En un reciente desarrollo en el ámbito político y de seguridad en México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró la situación en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante una conferencia de prensa, García Harfuch afirmó que una notificación roja emitida por la Interpol no garantiza la detención inmediata de un individuo. Esta aclaración se produce en medio de rumores sobre una supuesta ficha roja en contra del político.
Las declaraciones del secretario fueron contundentes: “Hay un proceso una vez que hay una notificación roja”, explicó. Detalló que la documentación debe pasar por el Departamento de Relaciones Exteriores antes de ser remitida a la Fiscalía General de la República (FGR). Esta secuencia de pasos, según García Harfuch, es un estándar que se sigue en todo el mundo para determinar la pertinencia de la detención.
Además, enfatizó que incluso cuando México busca una notificación roja para extraditar a alguien de otro país, las autoridades extranjeras realizan su propia revisión para validar la solicitud. Esto reafirma que el mero hecho de que exista una notificación no habilita automáticamente a las autoridades para proceder con una captura.
Poco después de estas declaraciones, la SSPC emitió un comunicado en redes sociales asegurando que, hasta la fecha, Rubén Rocha Moya no tiene una ficha roja activa, deshaciendo así las especulaciones en torno a su posible arresto.
Poco antes de estos acontecimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum había expresado que, hasta donde ella sabía, solo existía una orden de detención en Estados Unidos en contra de Rocha Moya y no una notificación activa de Interpol. En respuesta a preguntas sobre la posibilidad de que los acusados abandonaran México, Sheinbaum reafirmó que esto sería complicado, dado el caso que enfrentan.
Si bien estos eventos están marcados por la tensión política y la inquietud sobre la seguridad pública, las declaraciones de las autoridades subrayan la complejidad del sistema de alertas internacionales. La situación refleja no solo la dinámica local entre las autoridades sino también las complejidades de las relaciones internacionales en materia de seguridad.
Este esclarecimiento ocurrido el 28 de mayo de 2026, evidencia que en el ámbito de la política y la justicia, cada paso cuenta y que las interpretaciones pueden suscitar malentendidos que afectan la percepción pública. Con el futuro de Rocha Moya aún incierto, este caso continuará siendo un tema candente en los círculos políticos y mediáticos del país.
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