El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha regresado al ojo público tras una ausencia de 69 días, durante la cual fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su reaparición se produce en un contexto de inquietantes alegaciones que involucran no solo a él, sino también a otros nueve funcionarios, incluido el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Rocha Moya ha respondido a las declaraciones del periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que el gobernador había cambiado de ubicación con el apoyo de fuerzas federales debido a temores de ser extraído en un operativo estadounidense. Aclarando su situación, el gobernador afirmó que desde el 1 de mayo no ha dejado su hogar en Culiacán, Sinaloa. “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”, escribió en sus redes sociales. Asimismo, subrayó que estas acusaciones son parte de “una embestida mediática de calumnias” que, según él, carecen de fundamento legal.
Las imputaciones surgieron a finales de mayo, cuando Rocha Moya y otros funcionarios fueron identificados como partícipes de una red de corrupción que supuestamente favorece al cártel. En un esfuerzo por aclarar su situación, solicitó una licencia para que la investigación se lleve a cabo sin la protección del fuero constitucional que su cargo le otorga. Durante este periodo, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a las preguntas del Ministerio Público Federal de manera “puntual y veraz”.
La controversia se intensifica con la entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, y Enrique Díaz Veg, exsecretario de Administración y Finanzas. Estos acontecimientos plantean importantes interrogantes sobre la integridad del gobierno de Sinaloa, y la estrategia política en el contexto actual del país.
Rocha Moya, en su defensa, sostiene que las acusaciones perpetradas en su contra son un ataque directo destinado a desestabilizar el movimiento de transformación que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Según él, se trata de una estrategia promovida desde la ultraderecha, con la intención de socavar la soberanía nacional y crear un clima de miedo e incertidumbre en el país.
Este caso subraya la compleja entrelazado de la política mexicana con el narcotráfico y plantea desafíos importantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las esferas gubernamentales. En un país donde los carteles han tenido un peso significativo en el sistema político, la situación de Rocha Moya será crucial para observar cómo avanzan las investigaciones y qué repercusiones tendrá en el estado de Sinaloa y más allá.
Se espera que en los próximos días se amplíen las informaciones sobre la continuidad de este caso y lo que implicará para todos los involucrados.
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