En los últimos años, México ha enfrentado una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, con más de 110,000 personas desaparecidas y más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses. Este contexto desgarrador coloca a las ciencias forenses en una posición crucial; sin embargo, estas disciplinas han sido invisibilizadas, fragmentadas y precarizadas a pesar de ser esenciales para el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Las ciencias forenses son un amplio espectro de especialidades que abarcan desde la antropología hasta la genética, la criminalística de campo y la informática forense. Recientemente, han surgido nuevas ramas como la arquitectura forense, dedicada a la reconstrucción de escenarios de violaciones de derechos humanos. Su objetivo común radica en reconstruir hechos, dar identidad a los cuerpos y proporcionar elementos técnicos al sistema judicial. No obstante, en México, el desarrollo de estas disciplinas ha sido inconsistente, careciendo de una política nacional clara y sin la adecuada articulación entre los distintos niveles de gobierno. Esta falta de coordinación ha generado desigualdades significativas entre las regiones; en algunas, las instalaciones están bien equipadas, mientras que en otras, los cuerpos quedan abandonados en condiciones inhumanas.
Según datos del INEGI, en 2022 ingresaron a los servicios forenses 130,470 cadáveres o restos humanos, de los cuales un alarmante 37.6 % permaneció sin identificar, es decir, cerca de 53,347 cuerpos. Además, ese año se registraron 18,028 personas desaparecidas y 12,139 no localizadas, lo que representa un incremento del 171 % respecto al año anterior. Esta acumulación de cuerpos y la creciente demanda de servicios forenses sobrepasan la capacidad del sistema actual.
La medicina forense merece una mención especial dado su lugar histórico, ya que desde el siglo XIX, ha sido parte integral del currículo médico en México. Sin embargo, en la actualidad, esta especialidad ha perdido visibilidad y aprecio, formándose muchas veces como una asignatura secundaria, sin una conexión adecuada a la práctica y los retos éticos contemporáneos.
A finales de 2023, había 14,068 personas trabajando en servicios periciales o médicos forenses, de los cuales apenas el 12.7 % pertenecía a la Fiscalía General de la República. No obstante, la cifra exacta de médicos forenses en el país es incierta, oscilando entre 500 y 2,600. En un estudio de 2017 se reportaron 1,664 plazas ocupadas en 28 estados, de las cuales dos tercios eran ocupadas por médicos generales y un tercio por especialistas.
Además de la falta de especialistas, existe un estigma asociado al trabajo forense. La tarea de lidiar con la muerte, especialmente en contextos de violencia, implica cargas emocionales significativas y un estigma social que asocia al forense con la muerte y la burocracia opaca. A menudo, se manipulan peritajes, se pierden informes o se redactan bajo presión, en un entorno donde el saber forense puede ser silenciado o instrumentalizado.
Un análisis de las certificaciones de muertes en México, basado en datos del INEGI, revela otras deficiencias preocupantes. De 19.5 millones de defunciones registradas entre 1990 y 2023, apenas un 2.4 % fueron certificadas por personal autorizado por autoridades sanitarias, y sorprendentemente, un 96 % de las muertes fueron certificadas por médicos generales, médicos legistas y otros médicos, sin el debido cumplimiento de las normativas legales que requieren autopsias para certificar las muertes. Las estadísticas también indican que en 8 % las causas de muerte no pudieron ser determinadas, aun habiendo sido realizadas autopsias.
Todo este panorama desolador evidencia la falta de un sistema nacional autónomo de ciencias forenses en México. Los servicios forenses están supeditados a las fiscalías estatales, careciendo de lineamientos uniformes y recursos adecuados. A pesar de que instituciones como la UNAM o el IPN ofrecen especialidades, el número de egresados es escaso, y muchos médicos en funciones forenses carecen de la preparación necesaria, lo que complica la calidad técnica y el respeto a los derechos humanos.
La crisis forense en México no es un fenómeno exclusivo de la región. Otros países como Argentina, Colombia y Guatemala han implementado modelos forenses más autónomos, humanitarios y coordinados. Ejemplos como el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia demuestran que es posible mejorar estas capacidades vinculándolas al respeto a los derechos humanos.
La precariedad de la situación forense en México no es solo un hecho técnico, sino una manifestación de un sistema de justicia debilitado. La acumulación de cuerpos sin identificar y la falta de personal capacitado son reflejos de un Estado que no ha priorizado la verdad y la justicia. Muchas familias han tenido que recurrir a organizaciones civiles e independientes para intentar recuperar a sus seres queridos, mostrando que, en este contexto, la ciencia forense se convierte en un acto de resistencia.
Revalorizar las ciencias forenses es un paso esencial para la recuperación de la justicia y la verdad en México. Se necesita una política de Estado que garantice formación continua, condiciones laborales dignas y respeto a la autonomía técnica del personal forense, así como un cambio cultural que reconozca a los médicos forenses como actores clave en la defensa de los derechos humanos. Como se menciona, “sin justicia para los muertos, no habrá verdad para los vivos.”
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