Miles de salvadoreños se congregaron el pasado viernes en San Salvador para conmemorar el Día del Trabajador, protagonizando una marcha que exigió el respeto a los derechos democráticos y la liberación de aquellos que consideran “inocentes” en el marco de la lucha contra las pandillas. Este evento se realizó en un contexto de creciente preocupación por las políticas del presidente Nayib Bukele, que han sido calificadas como retrocesos en términos democráticos.
Desde el 2022, El Salvador se rige bajo un régimen de excepción, instaurado por Bukele para combatir la violencia de las pandillas. Esta medida ha permitido la detención sin orden judicial, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos. Hasta la fecha, aproximadamente 91,000 personas han sido arrestadas bajo esta normativa, y organizaciones no gubernamentales sostienen que muchos son inocentes y permanecen encarcelados injustamente.
La vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Marisela Ramírez, destacó la difícil situación que viven los salvadoreños, señalando que “en estos últimos años hemos sido víctimas de este gobierno con políticas que son totalmente regresivas”. Durante la manifestación, se exhibieron carteles que denunciaban el despido de miles de médicos y maestros, junto con un mensaje claro: “Bukele enemigo de los pobres”.
A pesar de los obstáculos, como la detención de autobuses con manifestantes en retenes de seguridad, la protesta logró reunir a unas 5,000 personas. Samuel Ramírez, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), expresó que “estamos desafiando el terror que ha generado este régimen de excepción”, resaltando las voces de las familias de los encarcelados que se consideran inocentes.
Las encuestas de la Universidad Centroamericana, conocida por su enfoque en la realidad social del país, han revelado que los principales temas que preocupan a los salvadoreños incluyen la economía y el desempleo, que se suman a las tensiones derivadas de las políticas represivas implementadas en los últimos años.
La situación en El Salvador es un claro reflejo de las luchas por la democracia y los derechos humanos en medio de un panorama de inseguridad. A medida que la sociedad civil continúa organizándose y protestando, el futuro del país dependerá de la respuesta tanto del gobierno como de la comunidad internacional ante estas preocupaciones legítimas.
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