Será a plena luz del día. No en agosto, de forma vergonzante, disimulando, aprovechando que muchos ciudadanos están de vacaciones. Pedro Sánchez tomará la decisión política más delicada de su mandato, el indulto a los presos del procés, en plena efervescencia de la oposición, que ya ha convocado una gran manifestación para el 13 de junio. El Consejo de Ministros que apruebe esta medida de gracia, una decisión con un evidente coste político que marca un giro en la legislatura, se celebrará a finales del mes próximo o principios de julio, según diversas fuentes del Gobierno.
El texto se aprobará cuando el Ministerio de Justicia, la vicepresidencia primera y el equipo más estrecho del presidente concluyan un trabajo muy delicado que están haciendo con un objetivo clave: cerrar todos los flancos jurídicos para evitar que la Sala Tercera del Tribunal Supremo pueda tumbar los indultos por un recurso de Vox, algo que sería demoledor para el Gobierno y para una iniciativa política pensada para cerrar la herida del procés independentista catalán.
Un equipo dirigido por Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que es un experto en indultos y tiene diversos análisis académicos sobre el asunto, apoyado por la vicepresidencia primera, en manos de Carmen Calvo, y la secretaría general de Presidencia, liderada por Félix Bolaños, busca todo tipo de antecedentes y argumentaciones centrados en la justicia, la equidad y sobre todo en el concepto de “utilidad pública”: es decir, que el indulto es positivo para el interés general porque puede ayudar a resolver el conflicto en Cataluña. El texto se va a mirar con lupa para evitar lo que sucedió en 2013, cuando la Sala Tercera tumbó el indulto concedido por el PP a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en un accidente en Valencia.
El Gobierno quiere evitar a toda costa un choque de trenes con la Justicia. El informe del Tribunal Supremo que rechaza de plano este indulto ha sentado muy mal en La Moncloa porque creen que se mete en el terreno de la política con afirmaciones que exceden al ámbito judicial, en especial la sugerencia de que el Gobierno se estaría concediendo “un autoindulto” porque los votos de ERC son decisivos en el Congreso. Pero el Ejecutivo no ha transmitido públicamente ese malestar. Y en su argumentación evitará poner en cuestión la sentencia del procés, que Sánchez y Campo aplaudieron públicamente.
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