Dos horas y media para iniciar el deshielo han acabado, como se esperaba. Con un único pacto de fechas y ERC atrincherada en la autodeterminación y la amnistía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, han acordado reanudar la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat. Que solo tuvo una reunión en febrero de 2020 (antes de la pandemia). En la tercera semana de septiembre con una reunión en Barcelona. También han pactado que en el mes de julio se volverá a reunir la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Y ahí se discutirán los asuntos donde hay más posibilidades de acuerdo. Entre ellas, cuestiones sobre transferencias, inversiones en Cataluña, financiación de la ley de dependencia y el gasto del gran fondo de recuperación europeo.
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Sánchez y Aragonès han acordado separar las dos grandes cuestiones: por un lado el conflicto político; y por otro, los asuntos económicos. El primero se tratará en la mesa de diálogo, un organismo no oficial, y los otros en la bilateral, que existe desde hace años aunque durante la etapa de Mariano Rajoy apenas se reunió. Las diferencias entre las dos posiciones son enormes. Aragonès ha dejado claro que llevarán la autodeterminación y la amnistía, los dos asuntos más delicados, a la mesa de diálogo. Y exigirán que toda solución tenga una validación final en la votación de los catalanes; o sea, un referéndum. Sánchez no quiere ni oír hablar del asunto. “El presidente no ha hecho ninguna referencia a la amnistía y la autodeterminación. Ambos presidentes son conscientes de cuáles son los límites del diálogo”, ha rematado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Al principio de la rueda de prensa, Aragonès ha dejado las posiciones lo suficientemente abiertas para que pueda haber negociación, ya que también podría votarse finalmente una reforma del Estatut, una solución que ha planteado en algún momento el Ejecutivo. Pero a medida que iban avanzando las preguntas, el president iba endureciendo su posición. Aragonès explicó que Sánchez no le ha propuesto un nuevo estatuto como solución, pero ha insistido en que esa no es la salida que ellos ven, sino el referéndum. “El Estado puede hacer las propuestas que considere. Pero no hemos transitado todo este camino para volver a 2010, cuando el Constitucional cambió el Estatut aprobado por el Parlament de Cataluña.
Nuestra propuesta es de un referéndum para que los ciudadanos elijan cuál es el futuro de Cataluña. Que nadie se equivoque. El Govern no renuncia a la independencia de Cataluña. ¿Esto es extremadamente complejo? Sí. Porque va de soberanía. Nosotros defendemos que el futuro lo elige Cataluña”.
¿Y qué camino intermedio habría?, le preguntaron. “Para nosotros el camino intermedio es el referéndum, porque el punto de partida es la independencia”. Aun así, Aragonès también insistió en que ERC no se levantará de la mesa, y ni siquiera ha fijado su vida en dos años, como Junts, ya que solo plantea que transcurrido ese tiempo habrá una evaluación para ver si vale la pena seguir.
“Hemos marcado este hito de dos años en los que se hará una revisión de los trabajos de la mesa para decidir si se da por concluida o se sigue avanzando. Pero la mesa durará todo el tiempo que sea necesario. Nunca nos vamos a levantar de los ámbitos donde haya posibilidad de diálogo y negociación”, ha insistido. Aragonès no ha querido aclarar si Oriol Junqueras estará en la mesa, pero de sus palabras se deducía que lo más probable es que no sea así porque ha insistido en el carácter “institucional” de la reunión.
En un tono claramente de inicio de una negociación larga en la que de momento se ha ganado tiempo convocando la reunión más difícil para finales de septiembre, Aragonès ha admitido la enorme dificultad de encontrar un acuerdo. “Hemos constatado las posiciones alejadas entre el Gobierno de Cataluña y España. Hay diferencias evidentes sobre como resolver el conflicto. Pero se reconoce la existencia de este conflicto, que solo se resolverá a través del diálogo y el acuerdo que tendrá que tener el aval de los ciudadanos a través de un voto. Hemos acordado que los equipos trabajarán en las próximas semanas para acordar la metodología de trabajo para tener una reunión la tercera semana de septiembre en Barcelona para tratar el conflicto político entre ambos gobiernos”, ha asegurado.
Sánchez, a través de la portavoz del Gobierno, ha querido ofrecer una versión mucho más optimista que el propio Aragonès. Montero ha hablado de una reunión “cordial” con varios acuerdos. “El conflicto de Cataluña lleva mucho tiempo enquistado. Es el momento de dar un paso adelante. A nadie se nos pide que renunciemos a nuestra forma de pensar. Nuestro marco de convivencia se sujeta a la Constitución de 1978. España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no se entiende sin España. La unidad es el motor que nos va a permitir superar esta crisis económica”, ha asegurado la ministra, buscando ese discurso de concordia que plantea Sánchez desde que tomó la decisión de conceder los indultos. “Ha sido la cordialidad y el encuentro lo que ha presidido la reunión”, ha insistido la ministra.
Montero ha asegurado que Sánchez le ha pedido a Aragonès que asista a la Conferencia de Presidentes prevista para el mes de julio para hablar del fondo de recuperación, un asunto que interesa especialmente en Cataluña. Para el Ejecutivo es relevante que ERC haya aceptado reunir primero la comisión bilateral, donde hay muchas posibilidades de lograr acuerdos, y dejar para más adelante la mesa de diálogo, que es mucho más compleja. Sánchez, según Montero, también le ha pedido a Aragonès que haya “un diálogo entre catalanes”, esto es un foro de partidos en esta comunidad como el que propone Salvador Illa, del PSC.
El presidente de la Generalitat ha insistido: “Hay que encontrar la forma de satisfacer la voluntad mayoritaria de los catalanes y eso pasa por la autodeterminación. Amnistía y autodeterminación son los dos grandes consensos de la sociedad catalana. Esto es lo que trasladaremos a la mesa de diálogo. El primer paso es cumplir con el Consejo de Europa, retirar las peticiones de extradición y acabar con las persecuciones”.
Esta fue la parte más alejada de las posiciones del Gobierno de Sánchez, que descarta la amnistía y la autodeterminación y rechaza las recomendaciones del Consejo de Europa. “Esta negociación no será fácil porque no vamos a renunciar. Que nadie se confunda. Esto no va de reformar la financiación. Vamos con toda la ambición a defender un referéndum sobre el futuro de Cataluña. Tenemos que armarnos de paciencia. El Estado tiene una oportunidad, pero tiene que hacer una propuesta de estado”, ha asegurado el president.
Montero ha ofrecido una versión muy diferente de la reunión, siempre en tono positivo. Y pese a lo que ha señalado Aragonés sobre la posibilidad de que el Gobierno retirara las peticiones de extradición para Carles Puigdemont y otros dirigentes, algo en lo que ha insistido mucho el president, la portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que Sánchez no está en eso ni pretende llevar sus “gestos” más allá de los indultos. “Lo que le puedo decir es que no se ha profundizado en nada de gestos.
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No hubo ni intercambio de regalos ni paseos por los jardines de La Moncloa, como sí ha sucedido en otras ocasiones. El expresident Quim Torra, inhabilitado por desobediencia, obsequió a Sánchez en su encuentro, de 2018 y que puso en marcha la mesa de diálogo, con una botella de ratafia, un licor tradicional catalán al que el exlíder catalán es muy aficionado. El jefe del Gobierno, por su parte, llevó a Torra a dar un pequeño paseo.
Las expectativas de la reunión no eran especialmente altas. El objetivo desde La Moncloa era intentar romper la intención granítica de Aragonès de centrar el encuentro en el tema soberanista mientras que desde el Govern se quería aprovechar el encuentro para insistir en la necesidad de frenar causas derivadas del procés, como la del Tribunal de Cuentas que ayer confirmó millonarias multas a ex altos cargos del Ejecutivo catalán.
La Generalitat siempre ha insistido que su propuesta para solucionar el conflicto político en Cataluña es la celebración de un referéndum de independencia pactado con el Ejecutivo central. Una fórmula similar a la aplicada en Escocia, y la aprobación de una ley de amnistía. El Gobierno responde que ninguna de las dos propuestas tiene encaje en la Constitución y apuesta por un cambio en el Estatut.
