El Paquete Fiscal 2022 que fue entregado ante el Congreso el pasado 8 de septiembre levantó preocupación entre los contadores públicos de México. Los trabajadores señalaron que la nueva disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que se delate a los contribuyentes que incumplan con sus obligaciones fiscales.
En dado caso de omitir sus declaraciones, el implicado podría ser suspendido de sus actividades o incluso enfrentar una pena de cárcel de hasta seis años.
¿Qué establece la nueva disposición de la SHCP y cómo involucra al SAT?
En caso de aprobarse, la iniciativa legislativa de la dependencia propone la reforma del Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación.
Este nuevo párrafo establecería que el auditor debe notificar al Servicio de la Administración Tributaria (SAT) cuando el contribuyente haya incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o, en su caso, que haya llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal.
De aprobarse el proyecto de Ley en el Congreso, la obligación entraría en vigor para 2022 y se fijarían sanciones como penas de cárcel de tres a seis años, o en su defecto, en la suspensión del Registro de Contadores Públicos durante un periodo de tres años.
Esta disposición estaría enfocada a los profesionales que auditen ingresos de personas morales, específicamente para aquellas compañías que percibieron más de 876 millones de pesos.
Por lo anterior, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es de vital importancia que la propuesta se modifique ya que ella “no es acorde con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.
El gremio de contadores mexicanos indicó que la edición pone en riesgo la independencia de los auditores, así como su libertad. Además les atribuye conocimientos propios de un abogado y le hace responsable de una falta que en realidad no comete el contribuyente.
“Con dicha reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho”, se expresa el IMCP en un comunicado.
A pesar de reconocer que el Paquete Fiscal 2022 cuenta con consideraciones positivas para combatir la evasión fiscal, el gremio de contadores públicos exhortó al Congreso que se modifique el proyecto de Ley.
“Realizar a tiempo los ajustes necesarios evitará afectaciones graves al quehacer profesional de la Contaduría Pública, así como injusticias y distorsiones a su rol estratégico en el crecimiento de las empresas en México” puntualizó el IMCP.
