SCJN considera inconstitucional aborto sin consentimiento.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México ha marcado un hito en la lucha por los derechos reproductivos, al declarar inconstitucional la práctica de un aborto sin el consentimiento de la mujer, incluso en casos donde se alegaba que esta estaba “imposibilitada” para decidir. Esta resolución, tomada el 16 de febrero de 2026, busca combatir la discriminación hacia las personas con discapacidad y garantizar su autonomía.

El tribunal explicó que la modificación se deriva de la inacción del Congreso de Sinaloa, que no reformó el artículo 158 del Código Penal y que permitía interrumpir un embarazo sin autorización expresa. La SCJN, a través de sus redes sociales, enfatizó que la eliminación de la frase que exime del consentimiento es un paso crucial hacia el respeto de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

En sus declaraciones, la Primera Sala del Supremo subrayó la incompatibilidad de conceptos que sugieren inferioridad o insuficiencia respecto a personas con discapacidad. Se reitera que a menudo se les ha negado el control sobre su salud sexual y reproductiva, lo que resulta en una injusticia que se pretende corregir con esta decisión.

La Corte ha resaltado la importancia del consentimiento previo, libre, informado y pleno en todos los casos de atención a la salud reproductiva. Al eliminar esta normativa, se restablece el derecho a decidir, promoviendo la capacidad jurídica, la igualdad y la no discriminación, en consonancia con un modelo social de discapacidad que reconoce la dignidad y autonomía de todas las personas.

Esta modificación también tiene efectos retroactivos, lo que beneficia a aquellos que se encuentran en procesos judiciales o han sido condenados por el delito de aborto bajo la normativa derogada. De esta manera, la SCJN no solo se posiciona como un ente regulador de la legalidad, sino como un promotor de derechos humanos en el país, estableciendo precedentes importantes en materia de derechos reproductivos.

La decisión se presenta como un avance significativo en la garantía de derechos, resaltando que la autonomía sobre el cuerpo y la capacidad de decisión son fundamentales para una sociedad igualitaria y justa. Esta acción judicial representa un paso decidido hacia la eliminación de prácticas discriminatorias y el avance de la inclusión social.

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