El 13 de abril de 2026 marcó un hito significativo en la historia cultural de Francia, cuando el parlamento aprobó una legislación marco destinada a la devolución de objetos culturales que fueron saqueados de antiguas colonias. Este avance legal llega casi una década después de que el presidente Emmanuel Macron prometiera la repatriación del patrimonio africano, abriendo finalmente un camino para la restitución de bienes que fueron sustraídos de manera ilegítima.
La iniciativa legislativa, que comenzó a gestarse en 2023, había enfrentado demoras provocadas por la inestabilidad política y el cambio de gobierno, además de la delicadeza del tema en cuestión. Al presentar el proyecto ante los miembros del parlamento, la nueva ministra de Cultura, Catherine Pégard, destacó su “carácter universal”, resaltando la importancia de entablar un diálogo constructivo entre las naciones. Sin embargo, afirmó que la “inalienabilidad” de las colecciones públicas en Francia se mantiene, subrayando que los procedimientos de restitución estarán “estrictamente supervisados”.
La legislación surge a raíz de un informe de 2023 dirigido por el antiguo director del Louvre, Jean-Luc Martinez, pero difiere notablemente de las recomendaciones presentadas por los académicos Bénédicte Savoy y Felwine Sarr en un estudio encargado por Macron en 2018. Bajo las nuevas disposiciones, las solicitudes de restitución deberán ser presentadas por un estado, que se comprometería a proteger los objetos en cuestión y a exhibirlos públicamente. Las solicitudes serán evaluadas por un comité científico bilateral, y se podrán restituir solamente aquellos bienes que se determine que han sido robados, saqueados o vendidos bajo coacción.
Es crucial señalar que la ley contempla solo aquellos objetos que fueron adquiridos entre el Congreso de Viena de 1815 y abril de 1972, cuando entró en vigor la convención de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural. Los casos que impliquen objetos supuestamente robados después de 1972 deberán resolverse en un tribunal civil. A pesar de cierta reticencia inicial del gobierno, el senado ha impuesto la creación de una comisión científica nacional, que publicará un informe anual sobre las restituciones.
El voto a favor de la legislación fue unánime, aunque algunos legisladores levantaron la voz en qüestión sobre la fecha de 1815. Argumentaron que dicha limitación excluye el botín incautado por el ejército napoleónico en Europa y Egipto, así como las transferencias previas de propiedades culturales desde las Américas, como los códices aztecas o mayas reclamados por México. A pesar de una enmienda presentada por el diputado de izquierda Éric Coquerel para eliminar esta fecha, fue rechazada por la asamblea, con la ministra de Cultura oponiéndose a la enmienda y citando un trabajo continuo entre Francia y México en el ámbito de la digitalización de manuscritos ilustrados.
Las solicitudes de restitución ya están en curso desde varios países, incluyendo Argelia, que busca recuperar efectos personales del líder rebelde Abdel Kader; Benín, que reclama una estatua del dios Vodun Gou; Costa de Marfil, que pide alrededor de 150 objetos; Madagascar, Mali y otros. Mali, junto con Senegal, también reclama el “tesoro de Ségou”: oro y joyas de un antiguo reino que fueron saqueados por tropas francesas en 1890. Además, Etiopía y Chad enviaron una solicitud general en 2019 sin una lista específica de los objetos reclamados.
Este nuevo marco legal no solo representa un avance hacia la justicia cultural, sino que también establece un precedente para futuras relaciones entre Francia y sus ex-colonias en un contexto de creciente presión por las reparaciones históricas y la restitución de bienes culturales.
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