El gasto global en pensiones para el próximo año se proyecta en 2.5 billones de pesos, una cifra significativa que revela la magnitud de un compromiso social de larga data. De este total, el 75% se destina a las pensiones del IMSS y del ISSSTE, mientras que el 25% restante corresponde a las “Pensiones del Bienestar”, un programa que desde 2018, bajo la administración de AMLO, ha adquirido un rango constitucional.
Según un análisis del CIEP, las pensiones contributivas asimilarán aproximadamente 1.8 billones de pesos, mientras las no contributivas de “Bienestar” alcanzarán cerca de 640,291 millones. Esto se traduce en más de 53 mil millones de pesos mensuales, un gasto esencial para millones de mexicanos. Si se aprueba el Paquete Económico para 2027, los recursos para pensiones representarían el 27% de los ingresos presupuestarios del país, lo que resalta la presión creciente sobre las finanzas públicas.
Dentro del gasto proyectado, el 74.2% estará destinado a pensiones contributivas, las cuales experimentarán un aumento del 4.7% respecto a lo aprobado en 2026. Este incremento se debe, en gran medida, al ajuste en las pensiones del IMSS, que aumentará un 8.9%, y del ISSSTE, que verá una alza del 0.5%. A pesar de los recortes presupuestarios en otras áreas, como Pemex y CFE, el incremento en pensiones se mantiene como una prioridad.
El gasto neto total para el 2027 se estima en 10.6 billones de pesos, con 8.5 billones ya comprometidos para pensiones, costo de deuda, participaciones y las empresas públicas. Esto implica que el margen de maniobra del gobierno se irá reduciendo, pasando de un 1.7% del PIB en 2026 a un 1.6% al año siguiente. Sin una reforma fiscal y de pensiones, se advierte que México enfrentará retos cada vez más complejos para financiar el envejecimiento de su población y otros sectores estratégicos.
La preocupación no es menor. Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señala que la creciente proporción del gasto en pensiones es alarmante, especialmente cuando la población en edad de trabajar disminuye. Esta situación, en la que las pensiones podrían representar un 9% del PIB en 2030, capta la atención de expertos, quienes consideran que no se habla únicamente de pensiones contributivas, sino también de los impactos en programas sociales.
La sostenibilidad del sistema de pensiones en México no puede olvidarse, y se presenta como un desafío clave para el futuro financiero del país. Con los datos actuales en mente, es evidente que se deben abordar estos temas de manera seria y proactiva para asegurar que las generaciones futuras no enfrenten una carga insostenible.
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