El sábado 27 de agosto se convocó una protesta frente a la casa de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires instalara un conjunto de vallas en torno a su vivienda, lo que terminó en un enfrentamiento entre los agentes policiales y un grupo de manifestantes afines a la también expresidenta del país.
Los incidentes comenzaron minutos antes de las 18.00 hora local cuando un pequeño grupo de simpatizantes kirchneristas tiraron las vallas y avanzaron hacia el edificio donde vive la vicepresidenta, ubicado en el barrio capitalino de Recoleta.
Los agentes antidisturbios cargaron posteriormente contra los manifestantes, utilizando un camión hidrante para dispersar a la multitud, que respondió con forcejeos y ataques a los vehículos policiales.
“Durante unas horas tuvimos la manifestación de un grupo de personas que se manifestaron pacíficamente, hasta que llegaron los violentos de siempre y empezaron a empujar, voltear las vallas, atacar a los policías…”, aseguró el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en declaraciones a los medios de comunicación.
“Quiero destacar el buen accionar de la Policía: con firmeza y responsabilidad. Sólo se usó agua para disuadir y dispersar”, agregó.
Desde este lunes, un grupo de militantes políticos, sociales y estudiantiles mantuvo una vigilia en torno a la vivienda de la expresidenta, después de que un fiscal federal solicitó una condena de 12 años de prisión en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Sin embargo, el domicilio de Cristina Fernández amaneció el sábado con un conjunto de vallas en sus inmediaciones que impedía la congregación de manifestantes en el lugar, una medida impulsada por el gobierno porteño, encabezado por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, para “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia” entre los vecinos.
La instalación del vallado causó un fuerte rechazo entre los seguidores de la expresidenta, quienes acudieron al lugar para expresar su rechazo ante esa iniciativa.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, una peronista de centro-izquierda de 69 años, fue acusada junto a otras doce personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas en una causa sobre supuesta corrupción en la licitación de obras públicas cuando ejercía la presidencia entre 2007 y 2015.
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