En los últimos días, legisladores del partido Morena han comenzado a sugerir la necesidad de revisar y ajustar la Reforma Judicial, e incluso plantean posponer la elección de ministros, magistrados y jueces originalmente prevista para 2027, proponiendo que esta se realice, al menos, hasta 2028. Este giro en la conversación revela una situación crítica: la llamada Reforma Judicial, lejos de ser un avance para el país, se está convirtiendo en un lastre pesado.
Desde su implementación, ha quedado claro que esta reforma, en conjunto con el desmantelamiento de las instituciones construidas en las últimas tres décadas, genera un freno significativo a las inversiones en México. La incertidumbre que esto provoca se traduce en una menor disposición de las empresas a invertir en el país. Este fenómeno es bien conocido en contextos económicos: donde hay incertidumbre, hay también un claro detrimento en la voluntad de invertir.
Los promotores de la Reforma Judicial pueden cuestionar la percepción actual de incertidumbre en comparación con 2016, antes de que México se sumergiera en un proceso electoral relevante. Sin embargo, con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que parece más ideologizada y compuesta por jueces cuyo único mérito para ocupar esos cargos ha sido su cercanía con quienes manejan el poder, la confianza en la justicia se ha visto socavada. Este fenómeno provoca que muchas empresas, al celebrar contratos, elijan recurrir a instancias de arbitraje en lugar de a los tribunales nacionales, buscando así reducir el riesgo que conlleva el litigio en el actual contexto judicial.
El impacto de estas decisiones es profundo. La probabilidad de que el Poder Judicial favorezca al Estado mexicano en disputas que cuestionen la constitucionalidad o legalidad de decisiones gubernamentales ha crecido notablemente en los últimos dos años. Asimismo, se ha documentado que los tiempos de resolución de casos han aumentado, lo que a su vez agrava la dificultad para llevar a cabo negocios e inversiones.
Por ende, no hay plan de inversión en infraestructura que frene el estancamiento económico mientras el gobierno no asuma la responsabilidad de cómo ha descarrilado al Poder Judicial. La falta de acciones efectivas refleja un fracaso en la gestión de la justicia que afecta directamente la economía mexicana.
Mirando hacia el futuro, el país enfrenta perspectivas económicas preocupantes. Si el gasto en inversión sigue viendo un recorte y el costo del endeudamiento y las pensiones aumenta, la situación solo se complicará más. México se halla en una encrucijada que no puede ignorar: la resolución de este atolladero se vuelve crucial para revertir el rumbo de un crecimiento económico que ha sido prácticamente nulo.
Actualización: los datos corresponden a la fecha del 16 de febrero de 2026.
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