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Hace tres años que Nelson Gonzalo Iturriaga, chileno de 46 años, perdió su ojo izquierdo en una protesta. Era jueves y hacía calor. Encendió la televisión para seguir las noticias del estallido social que, como una olla a presión, explotó con la subida del precio del metro el 18 de octubre, y quiso unirse. Horas más tarde, “cientos de militares y carabineros se bajaron de las tanquetas y dispararon a mansalva, sin razón de nada”. Lo siguiente que recuerda es estar herido en un hospital. “Era la segunda protesta a la que iba en mi vida”, cuenta por teléfono, “pero me sentí el enemigo. Ellos no me protegieron entonces ni me protegen ahora. ¿Cómo voy a confiar en las autoridades?”.
El estallido social en Chile dejó 347 lesiones oculares y más de 12.500 tratamientos de urgencia. En Colombia, el paro por el descontento con el Gobierno de Iván Duque, que se extendió de abril a diciembre de 2021, registró 39 homicidios y 2.110 casos de violencia física cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública. En 2020, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la policía mató a 6.416 personas en todo Columna Digital. El 78,9% de sus víctimas eran negros. En un afán por acabar con las pandillas de El Salvador, el operativo militar emprendido por el Gobierno de Nayib Bukele ha arrestado a decenas de miles de personas en un país de 6,5 millones de habitantes. Es raro el latinoamericano que no conozca el abuso de la autoridad o lo haya temido.
Los casos de corrupción y el uso desproporcionado de la fuerza en las Fuerzas Armadas no son una excepción en la región. Y eso ha desembocado en un deterioro de la confianza que tiene en ellas la ciudadanía, sobre todo la más joven. Según el Barómetro de las Américas, el 18,5% de los ciudadanos del continente cree poco o “nada en absoluto” en ellas. Este porcentaje de recelo creció un 4% en la última década. Aunque en 2010, ya uno de cada diez latinos no confiaba “nada en absoluto” en estas instituciones. Los indicadores y el pulso social tras las manifestaciones han puesto en la agenda de varios Gobiernos progresistas de la región un concepto que une dos ideas, hasta ahora, antagónicas: la seguridad humana.
El término está aún en construcción, pero no es nuevo. Para Catalina Niño, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, las claves pasan por fortalecer las actividades de prevención, buscar una nueva mirada de la policía al ciudadano y una gran lupa que apunte a los cuerpos de seguridad y fiscalice los abusos cometidos por ellos. “Nos hemos acostumbrado a ver a las autoridades apenas con fines punitivos, sobre todo en barrios más vulnerables. Nadie ve a un policía patrullando normalmente. Y es raro que el ciudadano sienta alivio o protección al verlo, al contrario: se asusta”, explica por teléfono la especialista en reformas en materia de seguridad en América Latina. “Generan todo lo contrario a lo que deberían. Y la impunidad es tan grande que la gente tiene la sensación de que no existe la justicia”.
Quienes más se asustan son los más vulnerables: las personas que más tienen que perder. “Es imprescindible abordar este asunto teniendo en cuenta la interseccionalidad”, explica Marcos Robledo, ex subsecretario de Defensa de Chile y asesor de la Red latinoamericana de seguridad incluyente y sostenible. “En la región existe una fuerte cultura hacia la militarización y al policiamiento autoritario y los más perjudicados siempre son población migrante, indígena y afro”. Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza. Es por ello que la seguridad humana es una de los pilares del 16° objetivo de desarrollo sostenible, que promueve el estado de derecho.
En el caso de Brasil, las favelas han sido víctimas históricamente de la brutalidad policial y la propia violencia del narcotráfico. Luiz Inácio Lula da Silva, el recién electo presidente de Brasil, también prometió la configuración de un ministerio de Seguridad, la reorganización del sistema penitenciario y mejorar la formación de las Fuerzas Armadas. “(De ganar), no será la policía la que resuelva los problemas de la comunidad”, dijo en campaña el izquierdista en el Complexo Alemão. El pasado mes de julio, una operación de la Policía Militar acabó con la vida de 22 personas en esta favela.
“Quedé con el recelo de pasar al lado de los Carabineros”
Cuando ocurrió el estallido en Chile, Iturriaga era supervisor de obras. Después de las protestas, no tuvo más remedio que reinventarse y ahora es dueño de una empresa de serigrafía. “Quedé con el recelo de pasar al lado de ellos. Y sí, me da angustia volver a estar involucrado en alguna manifestación, pero no me arrepiento”. Para Alejandra Luneke, doctora en sociología y experta en inseguridad urbana, no hay nada más prioritario que “recuperar la confianza institucional”. “Estamos avanzando hacia el urbanismo militarizado. La solución para pasar menos miedo en las urbes no puede ser enrejar las calles. Los ciudadanos ya temen demasiado la criminalidad, la violencia callejera… Los organismos públicos de defensa no pueden ser parte también de esa lista”, lamentó en el IV Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, organizado en Santiago de Chile a finales de octubre. En esta convención, que convocó a expertos en el área de todo el continente, se abordaron los desafíos pendientes y se reflexionó sobre si está o no el continente en una nueva Guerra Fría.
En Chile, la Policía siempre formó parte del Ministerio del Interior, hasta que en la dictadura militar (1973-1990) se incluyó en el de Defensa. Dos décadas después del fin del régimen de Augusto Pinochet, volvió a la cartera inicial, con reformas muy superficiales en su estructura. El estallido social hizo que se encendieran todas las alarmas y el Gobierno de Gabriel Boric creó una comisión para la reforma del Cuerpo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que caminara en dirección a la seguridad humana. “El cambio de reglamento que entrará en vigencia para el proceso 2023 da cuenta de la diversidad y transversalidad que requiere la institución policial en Chile”, dijo la entonces jefa del gabinete, Izkia Siches.
Algo similar planea Colombia, aunque aún está pendiente el primer paso: sacar de las competencias de Defensa a la Policía. “Es prácticamente el único país de la región que no lo ha hecho aún”, dice Robledo. La transparencia de la Policía Nacional, solventar el problema del hacinamiento penitenciario y hacer que las autoridades reconozcan al ciudadano como un portador de derechos son algunas de las prioridades en esta materia del Gobierno de Gustavo Petro. El presidente colombiano llevaba un apartado al respecto en su programa electoral en el que ya mencionaba más de 10 veces el concepto “seguridad humana” y lo subrayaba como uno de los “grandes desafíos”: “Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, aspectos desarrollados a lo largo de este Programa. Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social”, apuntaba en su programa. “La ciudadanía ya está cansada de los métodos tan represivos. Hasta ahora, la respuesta fácil de los Estados y que da votos, son las políticas de mano dura”, añade Niño.
Los retos de la seguridad humana son tan mayúsculos como la urgencia. Pero las reivindicaciones sociales y la brutal respuesta de la Fuerza Pública hicieron que cada vez sea menos soportable para la ciudadanía aguantar las negligencias del uniforme. “El pueblo está mucho más vigilante”, explica la colombiana. “Este podría ser un buen momento para reescribir la relación entre ambos”.
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