El pleno del Senado de la República ha dado luz verde a las modificaciones de la Ley Antilavado, conocida formalmente como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta decisión se ha tomado en un contexto marcado por fuertes críticas de la oposición y tras las alarmantes advertencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa– por sus supuestos vínculos con actividades de lavado de dinero.
Con una votación que incluyó 74 a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, los senadores apoyaron una reforma impulsada por Javier Corral. Esta reforma responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene previsto evaluar a México este año en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Javier Corral destacó la importancia de la reforma, que busca identificar al beneficiario controlador de las operaciones, garantizando así una mayor transparencia sobre quién realmente se beneficia de dichas transacciones. Además, se han incorporado nuevas actividades vulnerables, tales como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control.
Asimismo, esta reforma no solo se centra en el lavado de dinero, sino que también se expande al concepto de financiamiento al terrorismo. Esta ampliación de la ley se lleva a cabo en un momento en que el escrutinio internacional sobre las prácticas financieras en México está en aumento, especialmente tras las menciones específicas del Departamento del Tesoro.
Durante la discusión en la Cámara Alta, la senadora priísta Claudia Anaya expresó su preocupación, argumentando que más que combatir el lavado de dinero, la reforma podría afectar a actividades informales, organizaciones filantrópicas y religiosas. Anaya criticó que, si bien existen acusaciones serias contra los bancos, las acciones parecen dirigidas a los ciudadanos comunes en lugar de abordar a los grandes culpables en el sistema.
Otros senadores de la oposición señalaron que las medidas adoptadas pueden caer en excesos y expresaron su inquietud de que esto podría llevar a una militarización de la lucha contra el lavado de dinero, un tema que ha generado debates intensos dentro de la política mexicana.
Esta información, que data del 25 de junio de 2025, refleja el panorama complejo en el que se están tomando decisiones legislativas cruciales para el país, en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad financiera son más importantes que nunca.
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