Gran consternación ha provocado en México la reciente resolución judicial en el caso de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años de Sonoyta, Sonora, quien fue asesinada por dos de sus conocidas. A más de seis meses del hecho, las sentencias dictadas han desatado un intenso debate sobre la justicia en casos que involucran a menores de edad.
El trágico suceso ocurrió el 25 de septiembre del año pasado, cuando Britany Michel, de 15 años, y Monserrat, de 13, invitaron a Leyla a salir bajo el pretexto de sorprenderla con algo especial. Sin embargo, lo que parecía una reunión inofensiva se tornó en una pesadilla; las jóvenes llevaron a Leyla a la casa de una de ellas, le cubrieron los ojos y la amarraron con un lazo hasta arrebatarle la vida, mientras grababan todo con un dispositivo móvil. Esta grabación fue enviada, días después, de manera anónima a la madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizó diversas diligencias tras recibir la denuncia de desaparición, utilizando el video como una clave crucial para la reconstrucción de los hechos. La causa de muerte, determinada como asfixia mecánica, fue confirmada por el hallazgo del cuerpo de Leyla una semana más tarde, en octubre de 2025, en el patio donde se cometió el crimen.
Inicialmente, la investigación incluía a un hombre identificado como Mantín N., conocido como “El Kalusha” o “Minimi”. No obstante, fue encontrado sin vida días después del crimen, lo que llevó a su descarte como culpable, gracias a la evidencia presentada por la madre de Leyla.
El fallo del juez especializado en justicia para adolescentes ha generado una ola de indignación. Britany ha sido condenada a 2 años y 10 meses de prisión, mientras que Monserrat solo enfrentará 11 meses de libertad asistida. Ambas deberán pagar una reparación de 5,677 pesos, cifra que Carmen Becerra ha calificado de humillante, considerando que los gastos funerarios ascendieron a 30,000 pesos.
“¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija? No es justo que las responsables no hayan tenido el castigo que merecen”, expresó una angustiada Carmen Becerra, quien anunció que sus abogados tienen la intención de apelar la decisión judicial en busca de una pena más severa para las adolescentes implicadas.
Este caso resalta las profundas preocupaciones sobre el sistema judicial en México, especialmente en asuntos relacionados con la violencia entre jóvenes y las deficiencias en el tratamiento de crímenes graves cometidos por menores. La discusión pública continua, reflejando un clamor por justicia y un llamado a la reformulación de las leyes que pudieran permitir un castigo más adecuado para aquellos que cometen actos atroces, independientemente de su edad.
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