La cuestión del fracking en México está tomando un nuevo giro. Claudia Sheinbaum, presidenta del país, ha abierto la puerta a la posibilidad de utilizar la fracturación hidráulica como una estrategia para incrementar la producción energética nacional y reducir la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, un recurso del cual México obtiene aproximadamente el 75% de su consumo. Esta reactivación ha suscitado una serie de debates tanto dentro como fuera del país, en un contexto donde la búsqueda de soberanía energética se ha convertido en un tema prioritario.
El uso del fracking ha sido históricamente controvertido en México, viéndose como un símbolo del extractivismo neoliberal, con implicaciones ambientales serias como el alto consumo de agua, el riesgo de contaminación de acuíferos y la posibilidad de sismos inducidos. Durante años, esta técnica fue considerada un tabú político. Sin embargo, ahora la presidenta plantea un enfoque diferente. En lugar de replicar el modelo estadounidense sin matices, propone una evaluación cuidadosa a través de un grupo de expertos que analizará la viabilidad del fracking, considerando alternativas que minimicen su impacto negativo, como el reciclaje de agua y el uso de químicos menos dañinos.
El trasfondo de esta propuesta es claro. México, con yacimientos de gas natural potenciales, se enfrenta a un dilema: a pesar de rechazar la técnica en casa, continúa importando gas de Texas, donde la revolución del shale ha transformado a la región en una potencia energética gracias al fracking. Esta paradoja plantea la necesidad de encontrar caminos hacia la autosuficiencia energética, una meta que ha sido frecuentemente proclamada pero que choca con la realidad de una dependencia estructural del gas estadounidense.
Además, el contexto económico actual añade presión. Con una situación presupuestaria apretada y una deuda histórica en Petróleos Mexicanos, la exploración de recursos gasíferos en el norte del país ha sido una promesa latente por años. Activar estas reservas implica desafíos importantes: no solo requerirá inversiones significativas y regulaciones ambientales estrictas, sino que deberá lidiar con las reacciones políticas ante una base que ha hecho del “no al fracking” un lema fundamental.
A medida que la discusión avanza, el lenguaje utilizado por la presidenta es revelador. Al no mencionar la posibilidad de permisos o reformas legales, pero sí destacar la participación de expertos, se envía un mensaje a la industria y a los mercados: la postura del gobierno puede estar en un proceso de revisión. El futuro del fracking en México continúa en un delicado equilibrio, y su evaluación se presenta como un paso crucial hacia la redefinición de las políticas energéticas del país.
Actualización: Los datos corresponden a 2026-02-18 09:28:00.
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