Durante una reciente conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) respecto a la regularización de viviendas invadidas. Sheinbaum enfatizó que este enfoque no implica, de ninguna manera, despojar a propietarios legítimos ni vulnerar la propiedad privada. “Que no haya malas interpretaciones: constitucionalmente la propiedad privada está resguardada”, subrayó, dejando claro su compromiso con la legalidad.
Actualmente, se lleva a cabo un censo para evaluar el estado de aproximadamente 800,000 viviendas abandonadas en el país. Estas propiedades, muchas de las cuales fueron construidas en administraciones anteriores, se localizaron en zonas desprovistas de servicios y alejadas de los centros de trabajo, lo que ha propiciado su abandono o su ocupación irregular. Sheinbaum mencionó que este fenómeno responde a prácticas fraudulentas durante la planificación de estos desarrollos habitacionales, donde se ignoraron aspectos esenciales como la proximidad a servicios y cultura de habitabilidad.
Un problema crítico destacado por la presidenta es el hecho de que muchas de estas viviendas fueron vendidas múltiples veces, generando consecuencias de fraude que perjudicaron a los trabajadores. “Muchos dejaron estas propiedades porque resultaban inaccesibles debido a la distancia y las malas condiciones”, explicó. A pesar de que el gobierno ha invertido grandes sumas en intentos fallidos por recuperar dichas propiedades, la situación se mantiene compleja.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, compartió planes para un nuevo programa que permitirá a los ocupantes irregulares arrendar con opción a compra, incluso si no son derechohabientes. Hasta la fecha, se han censado 168,000 viviendas en conflicto, de las cuales 145,000 están ocupadas irregularmente y 23,000 se encuentran vandalizadas o en total abandono. Romero enfatizó que “no se procederá a desalojar a los ocupantes irregulares, aunque se les advertirá que la falta de regularización imposibilitará su acceso a la propiedad”.
El enfoque del gobierno es garantizar un respeto absoluto por la legalidad y los derechos de los trabajadores, buscando alternativas que sean justas y viables. “Es fundamental abordar la realidad de las más de 800,000 viviendas que están deshabitadas. Ignorar esta cuestión no es una opción”, concluyó la presidenta desde Palacio Nacional. Además, destacó que su administración proyecta la construcción de más de un millón de viviendas nuevas durante su mandato, subrayando la urgencia de resolver el actual problema habitacional.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original (2025-06-18).
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