La fiscal general de México, Ernestina Godoy, ha decidido reiniciar el proceso judicial en el controvertido caso de la iglesia de La Luz del Mundo, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara su intención de archivar la investigación. Este caso, que ha estado bajo el ojo público durante siete años, se centra en el líder religioso, Naasón Joaquín García, y otros miembros de su círculo cercano, quienes enfrentan acusaciones graves de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito.
La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, confirmó la búsqueda de Godoy para reabrir el caso, luego de que el anterior fiscal, Alejandro Gertz, decidiera no seguir adelante con la acción penal. Las razones detrás de esta decisión no son claras, pero las víctimas han expresado su descontento y sensación de traición. Sochil Martin, una de las primeras denunciantes, comentó: “Me siento engañada. Me robaron la esperanza”, refiriéndose a la frustración que sienten ante el cierre de la investigación.
Desde 2019, la FGR había estado investigando la congregación, descubriendo que gozaba de una notable impunidad, sustentada por su poder económico y vínculos políticos. Mientras que la justicia estadounidense ha calificado a La Luz del Mundo como una secta, acusándola de realizar actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, la FGR en México ha señalado que no encontraron pruebas suficientes para procesar a los directivos implicados.
Naasón Joaquín García cumple actualmente una condena de casi 17 años en Estados Unidos y se enfrenta a nuevos cargos que podrían mantenerlo tras las rejas de por vida. Las acusaciones en México contrastan con el respaldo que la iglesia ha recibido de las élites, algo que ha generado una sensación de complicidad entre el gobierno y la secta, según las voces críticas.
Martin y su esposo, Sharim Guzmán, quienes han sido pioneros en la denuncia de estos crímenes, han dedicado sus vidas a buscar justicia, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Su compromiso con la causa ha ayudado a movilizar a otras víctimas y a exponer los vínculos peligrosos entre la iglesia y ciertos sectores del poder judicial y político.
Dada la naturaleza de las acusaciones y el contexto de impunidad que rodea este caso en México, la reacción de las víctimas a la decisión de la FGR fue un golpe devastador. La necesidad de justicia y el deseo de reabrir un caso tan delicado resaltan la complejidad del sistema judicial mexicano, donde los lazos económicos y políticos pueden obstaculizar seriamente el proceso de justicia.
En este contexto, el impulso de la Fiscalía para avanzar podría marcar un cambio significativo en la percepción pública y, quizás, en la trayectoria judicial de uno de los casos de abuso más notorios del país. La próxima audiencia entre Godoy y las víctimas se anticipa con gran expectativa. La lucha por la justicia continuará, mientras las comunidades siguen vigilantes en la búsqueda de un cambio real y sostenible.
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