El pasado 29 de abril, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) lanzó una acusación impactante contra Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, junto a otros ocho funcionarios estatales y un senador, todos integrantes del partido Morena. Se les imputa una conspiración para introducir fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, solicitando su detención con fines de extradición.
Este no es un episodio aislado en la carrera política de Rocha. El 25 de julio de 2024, su nombre se vio involucrado en el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, un exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la misma finca donde fue secuestrado el conocido líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada. Este trágico suceso ocurrió en un encuentro que Rocha supuestamente iba a tener con Cuén. A pesar de que la exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, intentó desviar la atención armando un montaje que insinuaba que la muerte de Cuén fue un asalto callejero, la FGR destapó la verdad en octubre de 2024, presentando pruebas científicas que desmantelaron la narrativa oficial. Sin embargo, a pesar de las evidencias, un juez rechazó las órdenes de aprehensión, dejando el caso sin avances.
En un giro adicional de los acontecimientos, el caso del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, también ha cobrado relevancia. Durante su gestión, la Secretaría asumió el control de puertos y aduanas, y en septiembre de 2025, Ojeda denunció a sus sobrinos por huachicol. Lo que parecía una historia emblemática de integridad en las fuerzas armadas se desmoronó cuando la FGR admitió recientemente que tal denuncia nunca existió formalmente. El incendio interno en la Marina se avivó con el asesinato sin resolver del contralmirante Rubén Fernando Guerrero Alcántar, quien había sido el denunciante.
Se presenta a la presidenta una encrucijada con tres opciones. La primera implica judicializar los casos, lo que podría permitir a la FGR llevar a Rocha Moya ante la justicia y restablecer la relación con Estados Unidos, pero a costa de reconocer que su predecesor protegido a funcionarios vinculados al crimen organizado. La segunda opción consistiría en mantener una postura de soberanía, rechazando las peticiones de la SDNY y asumiendo un deterioro en las relaciones bilaterales, especialmente durante las renegociaciones del T-MEC. La tercera opción, la más riesgosa, sería sacrificar a piezas menores, como algunos acusados por la fiscalía estadounidense, mientras protege a Rocha y Ojeda, sabiendo que Estados Unidos afirma tener grabaciones que podrían revelar un encubrimiento institucional.
Así, López Obrador ha dejado como legado a su sucesora no solo los casos de un gobernador señalado por narcotráfico, sino también las implicaciones de un almirante cuya supuesta denuncia resultó ser parte de una narrativa cuestionable. En la política mexicana, esta es, sin duda, una herencia envenenada que inevitablemente marcará su gestión.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
