Durante siete años, entre 2011 y 2017, la Generalitat desarrolló una incesante e ilícita labor de promoción internacional del procés, lo que incluyó desde contactos de alto nivel de sus principales dirigentes con mandatarios y diplomáticos de países extranjeros hasta la organización de actividades en todo tipo de foros, con objeto de recabar apoyos y reconocimiento para la idea de una cercana independencia de Cataluña. En diversas ocasiones, estas actividades se financiaron con contratos irregulares.
Así se expone en el informe de fiscalización instruido por el Tribunal de Cuentas contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como contra el vicepresidente Oriol Junqueras, seis exconsejeros de la Generalitat. Así se expone en el informe de fiscalización instruido por el Tribunal de Cuentas contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como contra otros 38 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana” por presunta responsabilidad contable por la desviación de los fondos públicos empleados en buscar respaldo internacional para el procés.
El informe del Tribunal de Cuentas se expone que esta labor de promoción tuvo para las arcas públicas un coste elevado, pero difícil de calcular, porque no hubo un correcto control presupuestario de los gastos realizados ni existe documentación suficiente que permita acreditar las cantidades presuntamente desviadas para estos fines ilegales. La cifra avanzada por fuentes de la investigación, que sitúa dicha responsabilidad contable en 4,8 millones de euros, es solo una primera aproximación a lo que pueda establecerse por sentencia al final del procedimiento.
A título de ejemplo, cuando el informe se refiere a los gastos realizados por las delegaciones de la Generalitat en el exterior, se subraya que “la documentación justificativa” puesta a disposición del Tribunal de Cuentas “se encontraba desordenada e incompleta, incumpliéndose las normas de custodia y formación de los expedientes”. Se añade que el sistema de archivo y conservación de los documentos “era irregular e incumplía las normas mínimas que permiten un control eficiente y racional”. Todo ello “ha dificultado notablemente y en ocasiones limitado el alcance de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”.
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