Durante la reciente reunión en comisiones y en la sesión del pleno del Senado de la República, se aprobó por mayoría un dictamen elaborado por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, relacionado con la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Varios senadores del bloque mayoritario de la 4T afirmaron, y continúan haciéndolo, que muchas de las disposiciones que siguen generando cuestionamientos ya estaban en el marco legal desde 2014.
Sin embargo, hay un elemento crucial que estos senadores omiten. Aunque el texto legal pueda ser similar en varios aspectos, el contexto cambia radicalmente al considerar la autoridad encargada de su interpretación y aplicación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con todas sus virtudes y vicios, ha sido una entidad autónoma, lo que ha llevado a que sus decisiones a lo largo de sus casi 12 años de existencia hayan, en su mayoría, resistido la presión del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos. Pese a que sí hay decisiones que pudieron haberse tomado de manera diferente, es importante señalar que pocas veces estaban influenciadas directamente por la presión gubernamental.
La principal diferencia entre el IFT y la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) radica en una disposición que antes parecía improbable en el contexto de un órgano constitucional autónomo. Según el artículo 23, las causas de remoción de los comisionados establecen que podrán ser destituidos si así lo aprueba la mayoría simple del Senado, a instancias del titular del Ejecutivo Federal. Esta disposición crea una constante amenaza sobre la permanencia de cualquier comisionado, limitando la libertad para ejercer su labor regulatoria. De este modo, bajo la presión de una posible destitución, es improbable que los comisionados se atrevan a tomar decisiones que contradigan los deseos del presidente.
Esta falta de autonomía tiene consecuencias significativas. La supuesta autonomía técnica y de gestión que la ley otorga a la CRT puede verse comprometida desde el primer día de su funcionamiento. Por ejemplo, aunque se mantenga que la CRT puede suspendiendo transmisiones que infrinjan las normas, este poder se ejerce ahora en un contexto en el que existe una presión directa desde el ejecutivo. Si la CRT recibe una orden del presidente, los comisionados podrían verse obligados a cumplirla para evitar ser removidos por decisión senatorial, afectando así la libertad de expresión, un aspecto que antes no se encontraba en riesgo.
Aunque el marco legal pueda aparentar similitudes, la naturaleza del nuevo órgano regulador presenta desafíos significativos para la independencia y la efectividad de la regulación en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta situación demanda una reflexión detallada y crítica sobre las implicaciones futuras para la libertad de información y la autonomía de los organismos reguladores en México.
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