A pocos días de llevarse a cabo las elecciones para renovar jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, surge una inquietante realidad. Según una encuesta reciente, el 86% de los consultados reconoce la existencia de elecciones judiciales. Sin embargo, solo el 48% tiene claridad sobre la fecha y un alarmante 18% se siente bien informado respecto al proceso. Aún más preocupante es que el 77% de los ciudadanos no puede mencionar a un solo candidato, lo que sugiere una falta de competencia y debate público en un proceso que debería ser vital para la democracia.
Este panorama plantea preguntas sobre cómo es posible que el 72% de los encuestados considere necesaria la reforma judicial, y que, adicionalmente, el 60% confíe en que esta reducirá la corrupción e impunidad. La respuesta parece radicar en el respaldo a la figura de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien goza de una aprobación del 83%, incluso entre sectores de la oposición. En este contexto, la confianza en la elección parece basarse más en la popularidad presidencial que en un conocimiento técnico o en el interés genuino por el sistema judicial.
La proyección de participación también es desalentadora. El Instituto Nacional Electoral (INE) estima que solo entre el 8% y el 15% de los votantes registrados acudirá a las urnas, mientras que la encuestadora Enkoll prevé un máximo de 22.9%. Este desinterés se atribuye a varios factores: el desconocimiento general sobre los candidatos, la complejidad del voto –donde los ciudadanos deberán seleccionar hasta 40 cargos judiciales y manejar hasta diez boletas diferentes–, y la creciente percepción de que estas elecciones están controladas por el partido Morena. A través de presuntas prácticas como la distribución de “acordeones” que indican por quién votar, se desvirtúa la intención de lo que debería ser un ejercicio ciudadano de deliberación.
La ciudadanía, atrapada en un relato cómodo, tiende a creer que el voto popular garantiza la independencia judicial y que los jueces electos serán más honestos. Sin embargo, la historia y el contexto no apoyan tales afirmaciones. Ejemplos de otros países muestran que donde los jueces son elegidos, los resultados han sido diversos y, a menudo, negativos. En naciones como Bolivia y Japón, altos niveles de votos nulos y un patrón en la retención de jueces revelan la falta de efectividad de este sistema.
La encuesta que ha despertado preocupaciones más que legitimidad en la reforma judicial pone de manifiesto un dilema crítico: la intención de democratizar el Poder Judicial se enfrenta a la realidad de una ciudadanía desinformada y sin condiciones adecuadas para competir. Antes de que se emita el primer voto, la viabilidad institucional ya está en duda.
Quienes defienden actualmente la autonomía del Poder Judicial parecen ignorar que esta nunca ha sido realmente independiente. En lugar de una ruptura con el pasado, se perfila una formalización de la subordinación al Ejecutivo, donde la obediencia ante el partido en el poder será legitimada por un proceso electoral. En este contexto, el objetivo no es empoderar al pueblo, sino consolidar el control político, con un manto de legitimidad que se presenta a través de las urnas.
La información aquí presentada refleja la situación tal como se conoció hasta el 27 de mayo de 2025. Es fundamental mantenerse alerta a los desarrollos futuros y la evolución de este proceso electoral.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
