La alarmante situación de las corporaciones policiales en México se ha vuelto insostenible. Un reciente informe ha revelado un panorama de abandono, precariedad laboral y la falta de un modelo institucional claro, lo que pone en riesgo la seguridad del país. Esta crisis se agrava por cuestiones presupuestales y la presión constante de la violencia criminal.
En 2021, el gobierno federal tomó una decisión drástica al eliminar el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), un pilar crucial que proporcionaba recursos a las policías locales. En consecuencia, las corporaciones se han visto atrapadas en un ciclo de limitaciones financieras que afecta su capacidad operativa. Para 2023, el recién creado Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) asigna apenas una cuarta parte de lo que otorgaba Fortaseg, lo que ha dejado a muchas corporaciones municipales en una situación extrema. En contraste, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas para el mismo año ascendió a más de 236,679 millones de pesos, dejando a las policías bajo una crítica escasez de fondos.
El estado actual de las fuerzas policiales también presenta un desafío significativo. En México, al finalizar 2024, se reportaron 120,359 policías estatales y 154,986 municipales, la cifra más baja desde 2010. Además, un preocupante 21% de los municipios, que representa a 516 localidades, carece de una corporación policial formalmente constituida. Esta carencia es aún más alarmante al considerar que muchas de las fuerzas estatales no cuentan con catálogos de puestos actualizados ni con procedimientos claros para la promoción, lo que contribuye a una falta de incentivos para el desarrollo profesional.
El equipamiento y las condiciones laborales de los agentes son igualmente preocupantes. Aunque se estima que el salario mínimo necesario para un oficial debería ser de 16,668 pesos netos mensuales, un desolador 55% de los policías municipales gana menos de 15,000 pesos. En términos de equipamiento, sólo el 32% de los policías municipales tiene acceso a chalecos antibalas y apenas el 24% cuenta con armas de fuego. Esta grave insufficientia tiene consecuencias mortales, reflejadas en las estadísticas que indican que, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, al menos 517 agentes de seguridad pública fueron asesinados.
La falta de un modelo policial definido, el deterioro en la gestión de recursos y la precariedad laboral crean un cóctel explosivo. La seguridad en México requiere no solo un financiamiento adecuado, sino también un compromiso claro para mejorar las condiciones de vida y trabajo de quienes están al frente de la lucha contra la criminalidad. Con un enfoque renovado y contundente, es posible comenzar a revertir esta crisis y salvaguardar un futuro más seguro para la población.
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