El sector empresarial en México ha expresado su vehemente desacuerdo tras la reciente decisión de la Cámara de Diputados de abolir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transferir sus atribuciones al INEGI. Esta medida ha sido calificada como un “grave retroceso”, ya que implica la eliminación de una instancia clave en la evaluación imparcial y técnica de las políticas sociales en el país.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha argumentado que esta no se trata simplemente de una reestructuración administrativa, sino de una estrategia para suprimir a un evaluador que podría presentar resultados adversos al gobierno. La Coparmex ha reiterado su posición, enfatizando que el Coneval es el único organismo capaz de llevar a cabo evaluaciones rigurosas e independientes sobre la política social del Estado mexicano.
Desde su creación, el Coneval ha sido mirado con desconfianza por ciertos sectores del gobierno, especialmente tras su informe de 2021 que reveló que 3.8 millones de mexicanos habían caído en la pobreza. En contraste, dos años después, se celebró una supuesta mejora en las cifras de pobreza, sin mencionar que para entonces el Coneval ya había sido debilitado en su capacidad. La eliminación de este organismo se alinea con un patrón más amplio que busca silenciar a aquellos que desafían la narrativa oficial.
Además, la Coparmex subraya que la defensa de la autonomía técnica del Coneval es sinónimo de proteger el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre la realidad social del país. El organismo ha advertido que cualquier intento de debilitar instituciones autónomas solo sirve para concentrar el poder y silenciar voces disonantes. Es importante resaltar que el costo operativo del Coneval representaba únicamente un 0.05% del presupuesto federal, lo que pone en entredicho cualquier justificación sobre su eliminación en términos de eficiencia económica.
La eliminación del Coneval se suma a una serie de reformas que han socavado la independencia de organismos autónomos en México, generando preocupación entre diversos sectores de la sociedad. La comunidad empresarial y otros defensores de la transparencia advierten sobre las consecuencias negativas que esto podría implicar en términos de información veraz, legitimidad democrática y bienestar social a largo plazo.
A medida que el panorama político en México evoluciona, la abolición del Coneval debe ser observada como una inquietante señal sobre la salud de la democracia y la transparencia en la gobernanza del país. En este contexto, es crucial que la ciudadanía permanezca informada y atenta a los cambios que pueden impactar sus derechos y su acceso a información objetiva.
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