Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), ha declarado que no hay ninguna sentencia definitiva que obligue a su sindicato a pagar los 55 millones de pesos reclamados por ex trabajadores de Mexicana de Cananea. En un reciente foro titulado “Encuentro de sindicatos y empleadores”, argumentó que la condena emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) es simplemente una muestra de la presión y corrupción que afecta a este organismo.
La JFCA, el pasado primero de mayo, condenó por quinta vez al sindicato a devolver esa cantidad, la cual se debería distribuir entre los agremiados. Sin embargo, Gómez Urrutia desestimó la validez de la sentencia, afirmando que responde a intereses ajenos a los trabajadores y que el sindicato ha enfrentado desafíos aún más grandes en su historia sin haber sido debilitado.
El también legislador de Morena ha indicado que ya se están tomando medidas legales para impugnar esta sentencia. Se prevé un proceso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde confía en que la decisión de la JFCA sea desestimada. Aseguró que se han presentado recursos legales ante lo que considera una manipulación de expedientes que favorecen a las empresas, y acusa de corrupción a la JFCA de arriba a abajo.
En conclusión, los acontecimientos alrededor de esta controversia reflejan tensiones significativas dentro del sector laboral en México, donde los sindicatos continúan luchando por sus derechos y una representación digna. Esta situación se mantiene como un punto crítico en la relación entre los organismos laborales y las instituciones encargadas de la justicia en el país.
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