El sistema financiero mexicano ha iniciado un proceso de bloqueo de recursos destinados a varios funcionarios públicos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, tras acusaciones de colusión con el Cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Estados Unidos. Esta medida sigue a una instrucción emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que desde la semana pasada ha instado a bancos y casas de bolsa a integrar a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Entre aquellos implicados se encuentran figuras destacadas como Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena y exsecretario general de Gobierno del estado; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Adicionalmente, también figuran Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto, y Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, junto a otros exfuncionarios del ámbito de la seguridad pública y la administración municipal.
Cada uno de los diez acusados enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos relacionados con armas. En particular, el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, es notable, ya que se le asocia con crímenes vinculados a secuestros que resultaron en muertes. Las penas potenciales para estos cargos varían desde 40 años hasta cadena perpetua.
Adicionalmente, se ha incluido a Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia, en este proceso. La inclusión en la LPB implica que todas las operaciones y recursos vinculados a estos individuos deben ser suspendidos por parte de las instituciones financieras, lo que dificulta el acceso a cuentas bancarias, transferencias, créditos y otros servicios financieros esenciales.
Hasta el momento, ninguno de los señalados ha sido añadido a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que agrupa a personas y entidades sancionadas por el gobierno estadounidense por vínculos con actividades ilícitas. Esta lista restringe significativamente las operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense, afectando aún más la capacidad de las personas implicadas para realizar transacciones internacionales.
En el contexto de estas graves acusaciones y las consecuentes medidas financieras, la situación de los funcionarios involucrados plantea importantes interrogantes sobre la integridad y la gobernabilidad en Sinaloa. Hasta el cierre de este informe, la Secretaría de Hacienda no había emitido una postura oficial en relación con las acciones de la UIF. La historia continúa desarrollándose y el impacto en el ámbito político y financiero de la región es significativo, marcando un momento crítico en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México.
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