El influyente sindicato petrolero tiene al alcance, por fin, la posibilidad de una renovación. El 31 de enero, 89.000 trabajadores de Pemex acudirán a las urnas para elegir a su nuevo secretario general, ha anunciado este viernes el Gobierno mexicano. Ya tocaba. La elección se celebrará más de dos años después de que dimitiera el histórico y controvertido líder Carlos Romero Deschamps, acusado de corrupción, y de que lo sustituyera de forma interina su número dos, Manuel Limón. Pese al esperado anuncio, un sector de los afiliados no se fía del proceso y teme que el círculo del líder caído termine imponiendo a sus candidatos. “No tenemos ninguna esperanza de que sea limpio”, dice a este periódico la aspirante y senadora por Morena, Cecilia Sánchez.
El Gobierno quiere acabar con el historial de malas prácticas que arrastra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fundado en 1936. El voto será “personal, libre, directo y secreto”, como establece la reforma laboral de mayo de 2019. Por primera vez, además, el sindicato utilizará un método de votación electrónica, una garantía para evitar abusos, según la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde. “Con ello se puede garantizar que de manera pacífica y libre puedan participar todas y todos los trabajadores ese día de la elección”, ha afirmado este viernes la funcionaria en conferencia de prensa.
El calendario arranca con la publicación de la convocatoria el 6 de diciembre, seguido de un periodo de 10 días para que se registren los votantes. En enero, los candidatos elegibles -afiliados activos con una antigüedad mínima de 10 años en Pemex- tendrán dos días para inscribirse y otros 10 para hacer campaña hasta la jornada electoral. 400 funcionarios de la Secretaría del Trabajo monitorearán el proceso para garantizar que se cumple “con todos los principios democráticos establecidos en la ley”.
Toda precaución es poca. Por décadas, el sindicato de la petrolera ha sido terreno de caciques que se han eternizado en el poder con la bendición del Gobierno de turno. Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina, ocupó el trono sindical desde principios de los años sesenta hasta finales de los ochenta, cuando se convirtió en un estorbo para el presidente Carlos Salinas de Gortari y fue condenado por homicidio y posesión ilegal de armas. Carlos Romero Deschamps tomó el relevo en 1993, compaginando durante más de dos décadas su cargo de secretario general con puestos en el Senado y la Cámara de Diputados como representante del PRI.
La llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, azote de la corrupción de sexenios pasados, dio esperanzas a los que pedían un cambio en el sindicato. En octubre de 2019, Romero Deschamps se bajó de la silla en medio de varias investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República por corrupción. Lo sustituyó su mano derecha, Manuel Limón, también diputado del PRI durante la legislatura que terminó en agosto. Pese a los reclamos para convocar elecciones inmediatas y la promesa del Gobierno de llevarlas a cabo en 2020, Limón se ha mantenido a la cabeza del sindicato durante más de dos años. Un interinato que se ha hecho eterno para las corrientes “disidentes”.
Pero el anuncio de elecciones inminentes tampoco entierra las dudas. La senadora por Morena y potencial candidata a secretaria general Cecilia Sánchez considera que el calendario decidido por el Gobierno, de su mismo signo político, favorece al círculo de Romero Deschamps. La senadora, también trabajadora de Pemex, critica que se renueven los líderes de las 36 secciones que componen el STPRM antes de consolidarse el cambio en la Secretaría General. “Las secciones van a ser juez y parte. Ponen las mismas reglas, van a contar los votos. ¿Cuál democracia?”, dice.
Pese al monitoreo prometido por la Secretaría del Trabajo, Sánchez exige una mayor vigilancia. “Nosotros pedimos que las votaciones fueran supervisadas por el Instituto Nacional Electoral y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No tenemos ninguna esperanza de que sean limpias”, dice, y adelanta que impugnará los resultados.
Con todo, el experto Carlos Reynoso apunta a los avances que contiene la reforma laboral de 2019. “Había sindicatos que decían que la elección se podía hacer a mano alzada, es decir, voto directo pero no secreto. La ley se abstenía de señalar muchos detalles sobre cómo llevar a cabo la elección y se hacía en base a los estatutos internos. Ahora hay una regulación más estricta del proceso; ya no es solo lo que el sindicato diga”, señala este profesor en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El éxito del nuevo modelo sindical se medirá, cree Reynoso, por el grado de independencia de la dirigencia que salga de la votación. Tras décadas de puertas giratorias entre el poder político y el STPRM, López Obrador ha prometido mantenerse al margen y no intervenir a favor de ningún candidato. Algunos disidentes, sin embargo, no ocultan sus simpatías por el mandatario y la misma Cecilia Sánchez es senadora del partido oficialista. “Más allá de la legalidad, la duda más importante es si efectivamente será una dirigencia autónoma o si nuevamente estará ligada al Gobierno, al nuevo”, apunta Reynoso.
Las elecciones se llevarán a cabo en un momento complicado para Pemex. En verano, Moody’s le bajó la calificación crediticia y la petrolera reconoció que adeudaba 53.000 millones de pesos a proveedores y contratistas. López Obrador, además, ha abandonado su meta de lograr una producción 2,4 millones de barriles diarios para 2024 – Pemex reportó un promedio de 1,7 millones en el tercer trimestre de este año-. Aun así, la petrolera sigue siendo clave para lograr la “autosuficiencia energética” que ambiciona el mandatario y conseguirlo dependerá, en gran medida, de quién represente a sus 89.000 trabajadores.
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