A partir del próximo año, las ventas de gasolina y diésel en México cuyo origen no esté debidamente acreditado deberán enfrentar un nuevo impuesto que generará un impacto significativo en el mercado. El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicado a estas transacciones no será acreditable, lo cual busca frenar el fenómeno del “huachicol fiscal,” una práctica que ha sido motivo de preocupación en las autoridades y que perjudica las finanzas públicas.
Este cambio normativo, anunciado el 9 de septiembre de 2026, es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno mexicano para regularizar el comercio de combustibles y asegurar que todas las transacciones sean transparentes y legítimas. Desde el año siguiente, se tomará acción directa contra aquellos proveedores que no puedan demostrar la procedencia legal de los combustibles que venden. La implementación de esta medida refleja una firme intención de mejorar la recaudación fiscal y de combatir la evasión, que ha sido un reto persistente para el sistema impositivo del país.
Los expertos anticipan que esta norma podría tener diversas repercusiones en el sector. Por un lado, podría incentivar a los distribuidores a asegurarse de que sus operaciones sean completamente transparentes y legales. Por otro lado, los consumidores podrían enfrentar aumentos de precios, ya que los distribuidores podrían trasladar el costo adicional del impuesto a los precios de venta.
Es importante considerar que esta política pública no solo aborda el lado económico, sino también el social, ya que busca garantizar un mercado más justo donde todos los jugadores compitan en igualdad de condiciones. La implementación de este impuesto es una muestra más del compromiso del gobierno para erradicar prácticas ilícitas y fortalecer la economía formal.
A medida que se acerque la entrada en vigor de este nuevo impuesto, se espera que tanto empresarios como consumidores se preparen para adaptarse a estos cambios en el mercado de combustibles. La vigilancia y el cumplimiento de esta normativa serán cruciales para que su efectividad se traduzca en los resultados esperados: una economía más saludable y transparente.
Este cambio representa no solo una medida fiscal, sino una parte fundamental en el camino hacia un sistema más robusto y rentable para el país, haciendo énfasis en la legalidad y la transparencia en las transacciones comerciales.
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