El Tribunal de Apelación Penal de Texas ha suspendido la ejecución de Melissa Lucio programada para este miércoles. Los jueces han ordenado que el tribunal del condado de Cameron que lleva el caso considere las nuevas evidencias presentadas por el equipo legal que representa a la mujer de 52 años. Lucio, nacida en Estados Unidos y de origen mexicano, fue sentenciada a muerte hace 14 años por el fallecimiento de su hija Mariah, de dos. Sus abogados, sin embargo, defienden que la niña murió por una lesión cerebral dos días después de haber caído por accidente de unas escaleras y que en el juicio se presentaron “pruebas defectuosas” que confundieron al jurado. “Doy gracias a Dios por mi vida”, ha expresado Lucio este lunes en un comunicado, “agradezco que el tribunal me haya dado la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia”.
“Mariah está en mi corazón hoy y siempre. Estoy agradecida de tener más días para ser madre de mis hijos y abuela de mis nietos”, continúa el escrito difundido por Innocence Project, una organización que trabaja para “evitar las condenas injustas” y que representa a Lucio desde enero. Lucio ha defendido siempre su inocencia. Tras la muerte de su hija, negó reiteradamente haberla lastimado. Sin embargo, fue condenada con base en una declaración que, según sus abogados, fue “forzada” y “falsa”. “No sé qué quieren que diga. Supongo que lo hice”, pronunció ante los agentes en un interrogatorio que duró cinco horas, hasta las tres de la mañana del 18 de febrero de 2007. Con nuevas pruebas, a finales de marzo, los letrados que la representan interpusieron una petición de clemencia y días después un recurso para que se frene la ejecución ante la corte que este lunes ha emitido la orden de suspensión.
Tras revisar el expediente, el jurado determinó que cuatro de los reclamos que hizo la defensa “cumplen los requisitos” para que regresen al tribunal de primera instancia “para una revisión del fondo”, según se explica en la orden difundida por el más alto tribunal penal de Texas a dos días de la fecha prevista para la ejecución de Lucio. Los jueces deberán ahora considerar si la mujer “es realmente inocente”; si “de no ser por el uso de falsos testimonios por parte del Estado ningún jurado la habría condenado”; si hay “pruebas científicas no disponibles anteriormente” y si “el Estado suprimió pruebas favorables”.
Vanessa Potkin, una de las abogadas de Lucio, ha celebrado la decisión del tribunal. “Las nuevas pruebas de su inocencia nunca han sido consideradas. La suspensión nos permite seguir luchando junto a Melissa para anular su condena injusta”, ha indicado Potkin. Otra de sus abogadas, Sandra Babcock, ha añadido que “como superviviente de abusos sexuales en la infancia y de violencia de pareja, la voz y las experiencias de Melissa nunca han sido valoradas”. “Si el tribunal de distrito escucha todas las pruebas de la inocencia de Melissa, y el sesgo de género que infectó la investigación policial y la acusación, estamos seguros de que volverá a casa con su familia”, ha asegurado.
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Los 14 hijos de Lucio –dos de ellos nacieron después de que fuera encarcelada– siempre han defendido la inocencia de su madre. “Mi mamá no es una maltratadora infantil. En los informes del Servicio de Protección Infantil no hay nada que diga que ella haya maltratado a sus hijos”, afirmó John, el tercero de los hijos de Lucio este. Durante el juicio, la Fiscalía argumentó que Lucio había perdido la custodia de sus hijos en algunas oportunidades y que tenía antecedentes de consumo de drogas, pero en ningún momento presentó pruebas físicas que mostraran que la mujer era violenta con los niños. En cambio, diferentes expertos consultados por la defensa han considerado que la mujer “fue implacablemente presionada y extensamente manipulada” para confesar que había lastimado a su hija.
Al menos cinco de los miembros del jurado que la condenaron y sentenciaron a muerte respaldaban que se suspendiera la ejecución, incluida la presidenta, que declaró: “Sabiendo lo que sé ahora, no creo que deba ser ejecutada”. Además, 100 legisladores demócratas y republicanos habían enviado cartas al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que la frene. También se habían sumado al reclamo más de 220 organizaciones y más de 130 líderes religiosos.
Texas es el tercer Estado con más condenados a muerte en Estados Unidos, después de California y Florida. En total, 199 personas de ese territorio aguardan en el corredor de la muerte, según la organización sin ánimo de lucro Death Penalty Information Center. Aunque en los últimos años, diferentes Estados han abolido la pena capital, la medida todavía persiste en 27. Desde 1989, 258 mujeres han sido exoneradas, según datos del Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos citados por Innocence Project. El 71% de las mujeres exoneradas en las últimas tres décadas habían sido condenadas por delitos que nunca ocurrieron.
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