Tomemos en serio el impuesto predial.

México, un país con un potencial económico significativo, presenta un desafío ineludible en su sistema fiscal: el escaso cobro de impuestos a la propiedad. Actualmente, la recaudación por concepto de impuesto predial apenas representa el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra considerablemente inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en 1.08% del PIB. Este desbalance se hace aún más evidente al compararlo con economías como la del Reino Unido, Francia o Estados Unidos, donde la recaudación fluctúa entre 2.9% y 4.2% del PIB. En el contexto latinoamericano, países como Colombia y Chile están también muy por delante, con recaudaciones del 0.7% y 0.6% del PIB, respectivamente.

La situación fiscal en México pone de manifiesto que la recaudación anual de aproximadamente 67 mil millones de pesos por el predial es comparable a lo que se obtiene del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos. Esta peculiaridad deja en evidencia que el país grava de manera similar a la propiedad que a un bien de consumo, lo que resulta alarmante, considerando la riqueza que representan los bienes raíces.

El problema se agrava por la concentración de la recaudación: menos del 1% de los municipios genera más de la mitad de lo recaudado, y 190 municipios concentran el 90% del ingreso proveniente del predial. Esta estructura centralizada es notable, ya que solo el 1.6% de los ingresos públicos proceden de los municipios, mientras que un significativo 92.4% es recaudado por la Federación.

Aumentar la recaudación a través del impuesto predial podría mejorar la salud financiera del país, ya que las administraciones locales dejarían de ser un lastre para las finanzas nacionales y, en cambio, se convertirían en aliadas para la inversión en infraestructura. Este impuesto posee características inherentes que lo convierten en una herramienta deseable: su base es estable y, si se diseña adecuadamente, puede ser progresivo, gravando más a quienes poseen más propiedades y de mayor valor.

Sin embargo, la modernización del sistema catastral es urgente. Para ello, es necesario actualizar los valores de los inmuebles según el mercado, alinear los catastros con los registros de propiedad, y establecer tasas que reflejen el uso y el ingreso de los propietarios, además de crear criterios para excepciones y descuentos a grupos vulnerables. A partir de 2020, tan solo el 5.96% de los municipios había actualizado su catastro en su totalidad, y un 35.6% había tomado alguna medida para mejorar la gestión catastral.

La modernización del predial no solo facilitaría la certidumbre sobre la propiedad, sino que también ordenaría y enriquecería la información en los mercados inmobiliarios, lo cual es fundamental. La coordinación en la recolección y administración de este impuesto es, por tanto, un desafío que el país debe afrontar con urgencia, convirtiéndose en un tema crucial para la reforma fiscal en México.

Ante estos retos, es imperativo validar la importancia de un sistema de impuestos que no solo sea más eficiente, sino que también promueva la equidad social y el desarrollo económico sostenible en el país. Es evidente que ignorar estos aspectos representa un retroceso en la búsqueda de un crecimiento equitativo y sustentable.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.