La justicia, derivada del latín “iustus” y “ius”, se traduce fundamentalmente como dar a cada persona lo que le pertenece. En este contexto, resulta vital analizar el papel de los ministros, magistrados y jueces elegidos en la reciente jornada electoral del 1 de junio, y si su capacidad puede garantizar la certeza jurídica, en consonancia con el concepto universal de justicia.
El Poder Judicial, a diferencia de los demás poderes de la unión, exige que sus integrantes posean experiencia profesional comprobada: un mínimo de cinco años para ser Ministro y tres años para Magistrados o Jueces de Distrito, de acuerdo con la Constitución Política. Sin embargo, la selección por azar de candidatos para las listas nominales ha suscitado dudas sobre la idoneidad de quienes ocuparán estos cargos, puesto que la pertinente evaluación de méritos no fue prioritaria.
De las 37 candidaturas evaluadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), se observó un cumplimiento deficiente de los requisitos, hallándose postulaciones de individuos que no alcanzaban la calificación mínima necesaria. Esto planteó la inquietante posibilidad de que el proceso de insaculación dejara fuera a los candidatos más competentes, dando paso a aquellos con intereses particulares.
La carrera judicial, una vez emblemática de un sistema que privilegiaba la especialización, se ha visto desplazada. Antiguamente, los aspirantes a jueces podían beneficiarse de un sistema que fomentaba la capacitación y experiencia apropriada. Actualmente, la importancia de contar con este tipo de experiencia es crucial, dado que el Poder Judicial es el baluarte que protege derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad y el patrimonio. Delegar la protección de estos derechos al azar puede ser cuestionable.
El sistema judicial anterior, aunque no estaba exento de fallas, contaba con elementos de especialización que distinguían el ámbito de las obligaciones legales. En el contexto actual, donde la cercanía de México a Estados Unidos pone al país bajo la mirada de inversionistas locales y extranjeros, es imperativo que se mantenga un ambiente de certeza jurídica. La incertidumbre en este ámbito podría impactar negativamente las decisiones de inversión en un entorno global caracterizado por la volatilidad.
En vista de los desafíos que enfrenta el nuevo sistema judicial, podría ser constructivo establecer Tribunales y Juzgados especializados en materia mercantil o de competencia económica. Estos serían fundamentales para asegurar que las inversiones y el capital estén resguardados por una normativa que garantice un Poder Judicial firme, imparcial y justo.
La diosa griega Temis, emblema de la justicia con su balanza y espada, simboliza los principios que deben guiar al Poder Judicial: equidad, justicia y, cuando sea necesario, la aplicación de la ley. A medida que la nueva composición del Poder Judicial asuma sus funciones en dos meses, la esperanza es que estos conceptos se integren en el ejercicio de su labor.
Esta reflexión, centrada en el contexto y los desafíos del sistema judicial de México, invita a una consideración profunda sobre cómo se configura la justicia en nuestra sociedad, y a la expectativa de que el nuevo Poder Judicial esté preparado para enfrentar estos retos y asegurar que cada quien reciba lo que le corresponde conforme a la ley.
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