Organizaciones de transportistas en México denuncian un aumento de la violencia y las extorsiones en las carreteras federales, situación que afecta tanto a operadores como a usuarios del transporte de carga en todo el país, con excepción de Yucatán, donde destacan la seguridad pública y la atención del gobierno estatal1.
Andrés Poot Alonzo, secretario general de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas en Yucatán (Amotac), afirma que el crimen organizado controla muchas de las rutas y que incluso elementos de la Guardia Nacional participan en extorsiones en la mayoría de las carreteras del centro y norte del país1.
Qué cambia para los transportistas
El aumento de la inseguridad en las carreteras federales ha generado que los transportistas enfrenten extorsiones, asesinatos y cobros excesivos por servicios como el de grúas, lo que incrementa sus costos de operación y pone en riesgo su patrimonio1.
En este año, 15 operadores de diferentes organizaciones han sido asesinados durante sus labores, y algunos han perdido su trabajo y patrimonio debido a cobros de hasta $300,000 por el rescate de sus unidades, según la denuncia de la Amotac Yucatán1.

Yucatán, la excepción en seguridad
Yucatán se destaca como la única entidad donde los transportistas no enfrentan estos problemas, gracias a la atención del gobierno estatal y a la actuación de los diputados locales, quienes han realizado cambios en la ley para proteger al sector1.
El dirigente de la Amotac Yucatán resalta que la seguridad pública en el estado es 'impecable' y que existe un diálogo con las autoridades, aunque señala que aún es necesario que el sector tenga mayor participación en la toma de decisiones1.
Demandas y consecuencias económicas
Los transportistas solicitan que los legisladores federales aprueben leyes que ayuden a resolver la inseguridad y regulen servicios como el de grúas, pues actualmente se cobran tarifas arbitrarias en la mayoría de las carreteras federales, a pesar de que existen tarifas autorizadas1.
El alto costo de los peajes y las extorsiones elevan los precios de operación y, según el dirigente, esto termina afectando a los consumidores, ya que incrementa el precio de la canasta básica y otros productos1.
Próximos pasos y exigencias al gobierno federal
El sector transportista exige ser escuchado por funcionarios de alto nivel, como la Secretaría de Hacienda o la propia presidenta Claudia Sheinbaum, para que se atiendan sus demandas y se combata la corrupción y la inseguridad en las carreteras1.
Según la Amotac Yucatán, los funcionarios públicos no informan correctamente a la presidenta sobre la situación real del sector, por lo que piden mayor integración de los transportistas en la toma de decisiones legislativas y regulatorias1.
Qué significa para México
La inseguridad y las extorsiones en carreteras federales afectan directamente a la economía mexicana, ya que incrementan los costos del transporte de mercancías y, en consecuencia, los precios para los consumidores1.
El caso de Yucatán evidencia que la coordinación entre autoridades y transportistas puede mejorar la seguridad y reducir los riesgos para el sector, mientras que en el resto del país persisten los problemas por falta de atención y regulación efectiva1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:
Redacción Columna Digital. Es posible que en la preparación de esta nota se hayan usado herramientas de inteligencia artificial para reunir fuentes, procesar datos, corregir o redactar textos, bajo la supervisión del equipo de Redacción.
Datos basados en información reportada originalmente por Diario de Yucatán.






Deja un comentario