El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, pasó este martes de puntillas por el acto de conmemoración de la Constitución celebrado en el Congreso. A diferencia de lo ocurrido hace un año, esta vez no se detuvo ante los periodistas ni pronunció declaraciones en el punto reservado para ello, en el patio de acceso a la Cámara baja. Trevijano sabe perfectamente que los cinco magistrados del bloque progresista son partidarios de dar el plácet a Juan Carlos Campo y Laura Díaz, los dos juristas nombrados por el Gobierno para incorporarse al tribunal, y que solo la oposición de los seis miembros del sector conservador —incluido él mismo— podrá impedirlo, a costa bloquear el funcionamiento del órgano de garantías.
De ahí la relevancia del encuentro que tuvo lugar en el despacho de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que fue escenario este martes de una corta pero intensa conversación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, y el presidente del Constitucional. La conversación duró lo suficiente como para que todos los intervinientes expresaran el criterio de que es necesario salir de la situación que atraviesa tanto el órgano de gobierno de los jueces como el garante de la Constitución. Lo que nadie dijo es cómo lograrlo.
En todo caso, Mozo y Trevijano se comprometieron en ese diálogo improvisado en el despacho de la presidenta del Congreso a celebrar una entrevista en los próximos días y a mantener abierta la comunicación entre ambos órganos, a la espera de que el próximo día 22 —fecha para la que ambas instancias tienen convocados plenos— se logre algún avance. En el Constitucional, sin embargo, reina el pesimismo sobre la posibilidad de que la mayoría conservadora del Poder Judicial facilite en ese pleno el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde designar. Si se cumple este pronóstico, el tribunal de garantías se va a ver ante una de las decisiones más delicadas de su historia, para resolver si acepta a los dos magistrados que ya ha elegido el Gobierno, o los veta, lo que tendría el precio de partir el Constitucional por 6 votos a 5 y entrar así en una situación de ruptura que hará inviable abordar sin continuos enfrentamientos y tensiones las sentencias más importantes que tiene pendientes.
De ahí que el presidente del Constitucional pasara este martes de puntillas por el acto de conmemoración del 44º aniversario de la Constitución, sin detenerse a participar en los largos corrillos en el Salón de los Pasos Perdidos que siguieron al discurso de la presidenta, Meritxell Batet. Era la primera comparecencia pública de Trevijano después de que se negara el pasado miércoles a convocar un pleno del tribunal a petición de tres magistrados del sector progresista, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Cándido Conde-Pumpido. Los otros dos integrantes de este grupo, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, apoyaron que el pleno para decidir si el Constitucional da o niega el beneplácito a los dos juristas nombrados por el Gobierno se celebre después del 22 de diciembre, cuando ya se sepa si el Poder Judicial ha designado a sus dos magistrados.
En paralelo, el cierre de filas del sector conservador del Constitucional, que se negó en bloque a pronunciarse de forma inmediata sobre el plácet a los juristas propuestos por el Gobierno, ha generado gran preocupación en el grupo progresista, que considera que la llave maestra para solucionar la situación está en manos de Trevijano. Ello se debe a que el presidente del Constitucional tiene el voto decisivo si se produce un empate a cinco entre conservadores y progresistas. No se trata de voto de calidad, porque el tribunal tiene ahora 11 miembros, una vez dimitido el conservador Alfredo Montoya, sino simplemente del voto que puede decantar que el Constitucional se renueve o no en el caso de que haya un choque frontal como el que ahora se vaticina entre los dos bloques del tribunal de garantías.
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