En días recientes, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Noveno Circuito ratificó una sentencia que ordena al Senado de la República convocar a sesión para nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Dicha sentencia es el resultado de una controversia que se lleva arrastrando desde hace algunos años, cuando por primera vez el Congreso de la Unión incurrió en omisiones para la designación de nuevos comisionados del INAI.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una institución fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro país. Es gracias a este organismo que podemos contar con el acceso a la información pública y la transparencia de los actos de gobierno. Por ello, el incumplimiento de los funcionarios públicos en la designación de sus comisionados es un acto que debe ser reprobado por toda la sociedad.
En este sentido, el mandato del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito es una medida que buscar restituir el orden y la legalidad en las decisiones de los funcionarios públicos. Esperamos que el Senado cumpla la orden emitida por el Tribunal y proceda a la designación de un nuevo comisionado del INAI. La transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales de los mexicanos, y no pueden seguir siendo vulnerados por la inacción de aquellos que tienen la facultad de designar a los responsables de garantizarlos.
Es importante recordar que en México aún existen retos importantes en materia de transparencia y acceso a la información. La opacidad y la corrupción son prácticas comunes que se han dado desde hace décadas en diferentes niveles de gobierno. Por ello, la designación de comisionados del INAI es una tarea que debe ser llevada con la mayor seriedad y responsabilidad posible, para que dicha institución pueda cumplir con su mandato de manera efectiva. La sociedad mexicana exige un compromiso real de nuestros funcionarios públicos para garantizar la transparencia y el derecho a la información pública.
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