Tribunal protege a comunidad tzotzil

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo trascendental, revocando por unanimidad una sentencia que había negado el reconocimiento del gobierno comunitario a la comunidad tzotzil de La Candelaria, situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Este amparo es un hito en la lucha por los derechos indígenas en México, subrayando la importancia de la autogestión y el reconocimiento de sus formas de gobierno.

En su primera sesión extraordinaria, celebrada en Tenejapa, Chiapas, el máximo tribunal del país tomó la decisión en respuesta a una omisión legislativa que se había presentado. La SCJN otorgó un plazo de 180 días naturales para que el Congreso local creara la legislación necesaria para regular y garantizar el ejercicio del autogobierno de esta comunidad indígena. Este plazo comenzará a contabilizarse desde la promulgación de la Ley General en la Materia de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que aún no ha sido expedida por el Congreso de la Unión.

El fallo, registrado bajo el número Amparo en Revisión 344/2025, se pronuncia ante la necesidad de que las autoridades chiapanecas actúen de forma coordinada con el Poder Ejecutivo, el Congreso del estado y el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. En un total de 90 días, estas instituciones deberán implementar las medidas necesarias para asegurar el respeto y ejercicio de los derechos relacionados con el autogobierno de La Candelaria. Este esfuerzo es vital, ya que la falta de legislación no debe ser pretexto para la restricción de estos derechos fundamentales.

La ponente, Loretta Ortiz Ahlf, enfatiza que la ausencia de un marco legal adecuado no impide que se exija el ejercicio del autogobierno. Este principio resalta la obligación de las autoridades de actuar en pro de las comunidades indígenas, evitando que la inacción legislativa siga generando efectos negativos en su autodeterminación y gestión de recursos.

Este fallo no solo establece un precedente judicial; también refleja un compromiso institucional por la equidad y el respeto a la diversidad cultural en México. La SCJN, al abordar esta cuestión, reafirma su papel como guardiana de los derechos humanos y la justicia social, en un contexto donde las comunidades indígenas han luchado históricamente por su reconocimiento y derechos.

Como país, tenemos la responsabilidad de seguir de cerca estos desarrollos y fomentar un diálogo abierto sobre la importancia de las comunidades indígenas y su capacidad para gobernarse. El futuro de estas medidas dependerá del cumplimiento de los plazos establecidos y de la voluntad política de las autoridades locales y federales, así como de la participación activa de la sociedad civil.

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