Las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos en relación con México parecen ir más allá de simples medidas de seguridad, ya que se perciben como una estrategia de presión política. Recientemente, el Departamento de Estado revisó su advertencia de viaje, manteniendo a México en el nivel 2 (ejercer mayor precaución), pero elevó seis estados a nivel 4, recomendando no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Además, incluyó una nueva advertencia de terrorismo, un aspecto que históricamente no había estado asociado a México.
Esta clasificación se alinea con una tendencia en la que ciertos cárteles son considerados organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Sin embargo, de acuerdo con la ONU, académicos y la legislación mexicana, el terrorismo busca fines políticos, ideológicos o religiosos, a diferencia de la mayoría de las acciones de los cárteles, que buscan principalmente objetivos económicos, como proteger rutas o eliminar rivales.
Existen, por supuesto, algunas excepciones a esta regla. Incidentes como el ataque con granadas en Morelia en 2008, el uso de explosivos improvisados contra fuerzas de seguridad, o asesinatos de candidatos para influir en las elecciones, sí poseen una intención de intimidación hacia la población. Sin embargo, la violencia cotidiana de los cárteles generalmente se enmarca dentro de una lógica criminal.
En contraposición, la clasificación de terrorismo por parte de Estados Unidos abarca cualquier acto violento perpetrado por una FTO, sin considerar la motivación detrás de estos actos. Por ejemplo, un ataque entre cárteles que en México sería visto como homicidio y delincuencia organizada, para Estados Unidos podría ser calificado como terrorismo.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a cuatro individuos y 13 empresas asociadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusándolos de fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y considerándolos terroristas financieros. Estas sanciones implican el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con los sancionados.
A pesar de las acciones de Estados Unidos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra avances internos significativos. En una reciente conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó una reducción del 25% en homicidios diarios, el cierre de laboratorios clandestinos, y el decomiso de miles de armas y toneladas de droga. Además, México extraditó a 26 presuntos criminales a Estados Unidos en un solo día, alcanzando un total de 55 extradiciones en lo que va del año, un reflejo de la cooperación judicial que contradice ciertas narrativas.
La combinación de alertas, sanciones, acusaciones y extradiciones revela una compleja interrelación entre seguridad, crimen y corrupción, en un marco diplomático con intenciones políticas claras desde la Casa Blanca. Estas acciones parecen dirigidas a justificar intervenciones unilaterales contra cárteles al catalogarlos como “terrorismo”, lo que proporciona el contexto para operaciones encubiertas bajo el pretexto de defensa propia. Asimismo, generan una retórica de mano dura que moviliza la base electoral en Estados Unidos y desvía la atención de problemas internos.
Aún así, la presidenta Sheinbaum mantiene su enfoque y prioridades, dejando claro que la política interna de México no se dictará desde Estados Unidos. Esta postura resalta la importancia de un diálogo bilateral más equilibrado, donde ambos países puedan abordar de manera efectiva sus preocupaciones comunes.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
