El 18 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó un nuevo memorándum que amplía significativamente los poderes de los funcionarios de inmigración, permitiendo la detención de refugiados legales que están en espera de recibir su tarjeta de residencia. Esta medida, que se sitúa en el marco de la política migratoria activa del gobierno de Donald Trump, busca “someter a un nuevo escrutinio” a aquellos que han sido admitidos en el país como refugiados.
La política del DHS establece que, un año después de su admisión en Estados Unidos, los refugiados deberán ser nuevamente inspeccionados y examinados. Con esto se pretende alinear la evaluación post-admisión de los refugiados con los procesos aplicados a otros solicitantes de ingreso al país, asegurando así la seguridad pública. Sin embargo, esta nueva normativa contrasta con un memorándum anterior de 2010, que afirmaba que el no haber obtenido la residencia permanente legal no constituía un motivo legítimo para la expulsión o detención.
Las críticas hacia esta decisión no se han hecho esperar. Grupos defensores de los derechos de los refugiados han calificado la medida como un cambio imprudente que socava la confianza en el sistema estadounidense de protección. Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, expresó que debilitará la seguridad de aquellos que ya fueron recibidos en el país buscando un refugio seguro frente a la violencia y la persecución. La organización HIAS también ha advertido sobre el grave perjuicio que sufrirán miles de personas que han encontrado en Estados Unidos una segunda oportunidad.
Cabe destacar que, bajo la administración de Trump, las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado alrededor del 75% desde el inicio de su mandato. Reforzando su enfoque en una política migratoria más estricta, esta cuestión se convirtió en un tema central de su campaña electoral, que culminó con su reelección en 2024.
Recientemente, un juez federal de distrito en Minnesota bloqueó temporalmente una política que afectaba a aproximadamente 5,600 refugiados legales en ese estado, alegando que la detención de algunos de ellos para someterlos a un examen adicional violaba varias leyes federales. Esta decisión refleja la creciente tensión entre políticas migratorias implementadas y la protección de los derechos humanos y legales de los refugiados.
Así, la implementación de esta nueva política genera un profundo debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y el compromiso de Estados Unidos con la protección de individuos en situaciones vulnerables que buscan una vida mejor. La situación continúa evolucionando y es probable que genere más repercusiones en el marco legal y social del país.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
