La policía turca ingresó este miércoles a la sede de Halk TV, uno de los principales canales de televisión opositores del país, interrumpiendo su transmisión en vivo y entregando el control del canal a un administrador judicial nombrado por el Gobierno. Con esta acción, Halk TV se convierte en el quinto medio importante de Turquía bajo intervención estatal en lo que va del año, después de Flash TV, Ekotürk, Habertürk y Tele1.
Periodistas, líderes opositores y organizaciones de derechos humanos han rechazado la medida judicial, calificándola como un acto de "censura y un avance hacia el autoritarismo. La interrupción ocurrió mientras el canal transmitía una noticia sobre un escándalo de fondos de inversión que involucra a altos funcionarios gubernamentales; de repente, la señal cambió a una película turca clásica de los años 70.
La reportera Gamze Altuna denunció en redes sociales que cientos de policías y vehículos han bloqueado las carreteras y que el personal del canal no pudo acceder al edificio durante el registro policial. Frente a las oficinas intervenidas, decenas de ciudadanos se reunieron para protestar contra la acción.
La operación se produjo en el marco de una investigación judicial contra Cafer Mahiroglu, presidente de Halk TV, acusado de soborno, manipulación de licitaciones y lavado de dinero. La policía detuvo a 11 personas y emitió órdenes de arresto para 17 más, aunque Mahiroglu no fue detenido porque se encuentra fuera del país. Él negó las acusaciones y señaló que entre los arrestados hay siete familiares suyos, incluido su hermano de 70 años.
Mahiroglu calificó la jornada como un día oscuro para Turquía y afirmó que se está violando el derecho de la ciudadanía a la información por motivos políticos. En sus redes sociales escribió que usar la justicia como arma es el mayor daño que se puede hacer a Turquía.
El director general de Halk TV, Suat Toktas, junto con el equipo del canal, emitieron un comunicado lamentando que una cadena con casi 20 años de trayectoria haya sido confiscada, describiendo esta situación como la nueva normalidad en Turquía.
Desde organizaciones internacionales, Esther Major, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, recordó que la redada coincidió con la declaración del exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan, en el juicio que se le sigue y que Halk TV había cubierto detalladamente.
El eurodiputado Nacho Sánchez Amor advirtió que la libertad de prensa y expresión corre el riesgo de quedar relegada a un recuerdo debido a las detenciones de periodistas y la censura generalizada en Turquía. Por su parte, el analista político Berk Esen afirmó que el Gobierno intensifica la represión porque la oposición no se ha debilitado.
En los últimos años, las autoridades han intervenido municipios controlados por la oposición, incluyendo partidos prokurdos y grandes ayuntamientos socialdemócratas como el de Estambul. Además, se han realizado operaciones contra empresas vinculadas a partidos opositores bajo acusaciones de irregularidades, en un contexto de creciente presión sobre sectores críticos al Gobierno.
En el último mes, más de 1,200 cuentas en redes sociales han sido bloqueadas, incluyendo la de Amnistía Internacional Turquía, diarios de izquierda como Evrensel, una asociación médica que atiende a personas con VIH y periodistas extranjeros críticos con Erdogan. Defensores de derechos LGBTI también han denunciado redadas y detenciones, con más de 80 personas en prisión preventiva acusadas de obscenidad", "prostitución" y vínculos financieros en el extranjero, entre ellos abogados y periodistas.
Datos basados en información reportada originalmente por elmundo.es.
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