Hasta este noviembre, más de 18.000 egipcios habían llegado a Italia por mar, lo que los convierte en la primera nacionalidad de entre quienes han entrado en el país europeo por esta vía. Según señala un portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la cifra representa un aumento de más del 220% respecto al mismo periodo del año anterior.
Ante este incremento de llegadas, el pasado 30 de octubre, Bruselas y El Cairo anunciaron un proyecto para reforzar las capacidades operativas de la Guardia Costera y la Guardia de Fronteras de Egipto. Según explica una portavoz de la UE, el plan cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros y se ejecutará en dos fases. La primera, dotada con 23 millones, cubrirá ya este año la entrega de embarcaciones de búsqueda y rescate, además de equipos de vigilancia de fronteras de carácter civil. La segunda, que se está negociando, está prevista para 2023. Se trata de la primera cooperación de este tipo entre la Comisión Europea y Egipto.
Después de que en 2016 una embarcación con cientos de personas a bordo naufragara frente a la costa de Egipto y se cobrara más de 200 vidas, El Cairo empezó a impedir con su característica mano dura las salidas desde su territorio. En paralelo, país se ha ido consolidando también como una pieza clave de la externalización de las fronteras adoptada los últimos años por la UE y sus Estados miembros, en especial con los países del sur del Mediterráneo.
Aunque los motivos del pronunciado aumento de salidas de egipcios varíen según los casos, un investigador de la Plataforma de Refugiados en Egipto (RPE, por sus siglas en inglés) indica en condición de anonimato que el mal estado de la economía nacional y, sobre todo, la estancada situación política en el país, con la consecuente ausencia de esperanza y de perspectivas de un futuro digno, son dos de los principales motores.
El nuevo programa de Bruselas
Grupos de derechos humanos y diputados del Parlamento Europeo han expresado preocupación por el nuevo programa de Bruselas por la falta de claridad que rodea el plan de financiación y el historial de abusos de las autoridades egipcias. “Todavía no sabemos qué efectos va a tener este nuevo acuerdo, pero ya hemos podido ver los que han acarreado los anteriores, que es un enorme número de violaciones que han pasado sin investigarse y sin rendir cuentas”, señala la fuente de la RPE.
Algunas de estas organizaciones alertan de que la falta de crítica por parte de Bruselas y su cada vez mayor colaboración con El Cairo alientan que se sigan violando derechos en las fronteras y dentro del país. Grupos como la RPE señalan que, pese a algunos cambios legislativos, las autoridades egipcias continúan aplicando un decreto presidencial de 2014 que define amplias zonas adyacentes a sus fronteras como zonas militares.
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