La Comisión Europea ha presentado la propuesta de una Ley de Resiliencia Climática que obligaría a todos los Estados miembros de la Unión Europea a establecer un escudo climático para proteger sus economías frente a los desastres derivados del calentamiento global. El objetivo es frenar las pérdidas económicas que, según cifras oficiales, ascienden a 50.000 millones de euros anuales en la última etapa, y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos como olas de calor y sequías1.
El nuevo marco busca integrar la resiliencia climática en la gobernanza económica e industrial de la UE y establecer criterios obligatorios en la contratación pública, la inversión y la planificación de infraestructuras, con una supervisión periódica desde Bruselas1.
Qué exige la propuesta europea
La Ley de Resiliencia Climática propuesta por la Comisión Europea establece que cada país debe contar con un escudo climático, entendido como un marco estratégico que agrupe todas las exigencias previas sobre energía, clima y adaptación a largo plazo1. Los gobiernos nacionales deberán designar un ministerio u organismo responsable para cada riesgo específico, como el sistema eléctrico o la protección de costas, con el fin de eliminar la responsabilidad difusa y clarificar la gestión ante catástrofes1.
La resiliencia climática dejará de ser un requisito técnico aislado y pasará a ser un criterio obligatorio en la contratación pública, que representa el 14% del PIB comunitario, y en la supervisión económica de la UE, evaluándose cada dos años a partir de 2028 en el marco del Semestre Europeo1.
Impacto económico y financiero
Según la Comisión Europea, los eventos climáticos extremos han provocado pérdidas económicas medias de 50.000 millones de euros anuales en la UE entre 2022 y 2025, muy por encima de los 8.600 millones anuales en los años ochenta1.
Para afrontar estos retos, la Comisión estima que Europa necesita invertir unos 70.000 millones de euros anuales en adaptación de infraestructuras, redes energéticas y ciudades1. El Banco Europeo de Inversiones movilizará al menos 30.000 millones de euros en financiación específica para adaptación entre 2026 y 20301. Además, se prevén incentivos fiscales, esquemas de riesgo compartido y seguros de cobro rápido para facilitar la inversión privada1.
Oportunidades y retos para empresas y aseguradoras
La Comisión Europea prevé que la demanda global de tecnologías de resiliencia, como refrigeración eficiente, tecnología hídrica y semillas resistentes, se cuadruplicará hasta 2050, creando un mercado de hasta cuatro billones de euros1.
Sin embargo, solo el 25% de las pérdidas por catástrofes naturales en la UE está asegurado, lo que deja el 75% restante a cargo de las arcas públicas1. El desarrollo del sector asegurador y la colaboración público-privada serán clave para avanzar en la resiliencia climática y atraer inversiones hacia las zonas más vulnerables1.
Próximos pasos y supervisión
La propuesta de Ley de Resiliencia Climática prevé que, a partir de 2028, la Comisión Europea evalúe cada dos años el avance de los Estados miembros en la integración de la resiliencia climática, condicionando así las recomendaciones de inversión y reformas nacionales1.
Por qué importa en España
Además, la normativa condicionará inversiones públicas y privadas, así como el acceso a fondos europeos, lo que puede influir en la economía española y en la planificación de obras públicas, infraestructuras y políticas de adaptación al cambio climático1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Expansión.
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