El Tribunal Constitucional aborda este martes el debate sobre la posible anulación del primer decreto de alarma, el que supuso el confinamiento domiciliario al inicio de la pandemia en 2020. El proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional dicho decreto no llegó a votarse en el pleno de junio, a la vista de la profunda división existente en el tribunal. El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, quiere evitar que el fallo se apruebe con un escaso margen de votos, dada la importancia de la resolución, y ha pedido a los magistrados un esfuerzo para aproximar posiciones. El resultado de la votación sigue siendo incierto.
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De mantenerse las posiciones expuestas en aquella deliberación, la sentencia se aprobará por un solo voto de diferencia, ya que cinco magistrados se manifestaron entonces a favor de refrendar la declaración del estado de alarma que realizó el Gobierno y otros cinco apoyaron la tesis de que el confinamiento requería haber declarado el estado de excepción, no el de alarma.
El undécimo voto, el decisivo, quedó en manos de la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, elegida en su día a propuesta del PSOE: ella expresó ciertas reservas con respecto al proyecto de sentencia pero compartió la tesis principal, esto es, que la prohibición de circulación de los ciudadanos entre marzo y junio del año pasado supuso una fuerte restricción de derechos, no una mera limitación, y por tanto no estaba cubierta por el estado de alarma.
