Las encuestas siguen pronosticando que Olaf Scholz, el candidato socialdemócrata a suceder a Angela Merkel, se convertirá en el próximo canciller. Su ventaja sobre el conservador, Armin Laschet, se ha reducido ligeramente pero sigue siendo de entre tres y cinco puntos en la media de los sondeos. Sin embargo, lo que parecía un plácido trecho final de campaña empieza a complicársele al también ministro de Finanzas y vicecanciller.
El estallido del enésimo escándalo financiero en Alemania se ha convertido en un nubarrón que amenaza lluvia en el peor momento posible. Scholz va a tener que comparecer el próximo lunes ante una comisión del Parlamento para dar explicaciones sobre la oficina antiblanqueo que depende de su ministerio. Por si fuera poco, la Fiscalía va a investigar a su número dos por mostrar un documento secreto en un tuit en defensa de su jefe.
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Scholz había conseguido avanzar en la campaña sin que apenas se le recordaran dos grandes escándalos económicos ocurridos durante su mandato, Cum-Ex y Wirecard. Sus rivales ni siquiera los mencionaron en el primer debate electoral. Pero la semana pasada, a apenas 17 días de una cita electoral decisiva para Alemania y Europa, saltó la noticia de que la Fiscalía de Osnabrück, al noroeste del país, había entrado a registrar dos ministerios en Berlín, el de Scholz (Finanzas) y el de Justicia, liderado también por una socialdemócrata.
Los fiscales buscaban información sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (conocida como FIU, por sus siglas en inglés), con sede en Colonia, a la que investigan por una presunta obstrucción a la justicia al no informar a las autoridades competentes de varias sospechas de blanqueo de dinero. La FIU depende orgánicamente de Finanzas, pero es independiente en su funcionamiento diario.
Algunos medios se preguntan si el momento elegido para hacer los registros es fortuito o si esconde intencionalidad política. El propio Scholz lo sugirió cuando aseguró que los fiscales, que no le investigan a él ni ningún funcionario del ministerio en Berlín, “podrían haber mandado sus preguntas por escrito”. Esta frase le costó el ataque más feroz de Laschet durante el segundo debate electoral, el domingo pasado. Con los conservadores hundidos en las encuestas, su líder pasó a la ofensiva con el favorito, al que espetó que era una irresponsabilidad cuestionar el estado de Derecho y dar alas al populismo. En su intervención insinuó que el objeto de la investigación era el ministerio de Scholz y que este no tenía control sobre sus subordinados.
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Hay demasiados interrogantes sobre cómo se ha llevado a cabo todo el proceso. Por ejemplo, la orden de registro tiene fecha del 10 de agosto, pero los fiscales esperaron un mes para llevarlo a cabo. El experto constitucionalista Joachim Wieland, que ha manifestado sus dudas en la televisión pública, señala por ejemplo que la nota de prensa que informaba de la actuación no se ajusta al contenido de la orden de registro: “Los comunicados de una autoridad están obligados a informar verazmente al público, y eso ha sido violado en este caso”, dice.
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Los conservadores, mientras tanto, alimentan las dudas en un intento de que cale la idea de que Scholz no hace lo suficiente para evitar el lavado de dinero y de que su gestión no es adecuada. El comité de finanzas del Bundestag tratará la cuestión el próximo lunes. Todavía no se sabe si Scholz acudirá presencialmente o participará por videoconferencia. Faltarán seis días para las elecciones.
