Un juez de Popayán, en el departamento de Cauca, decidió este miércoles negar la libertad de dos de los siete jóvenes que designó como voceros de paz el presidente Gustavo Petro. Bremen Hinestroza y Andrés Duque, líderes sociales de la región, seguirán detenidos en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro, en Popayán, porque, según el juez, no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados voceros, pese a que el Gobierno pidió su liberación inmediata en un decreto emitido el pasado 16 de diciembre. W RADIO reveló que los abogados de los jóvenes apelarán la decisión y buscarán continuar con el proceso en detención domiciliaria. Se espera que pronto se defina una nueva fecha de audiencia para definir el futuro judicial de los dos implicados.
Uno de los motivos principales del juez de control de garantías para negar la libertad de los acusados es que no fueron detenidos durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque en 2021, en el llamado estallido social, sino que las autoridades los capturaron después, en junio de 2022 por participar en presuntas invasiones de tierras en el norte del departamento del Cauca. De hecho, la Fiscalía General de la Nación los acusa de los delitos de avasallamiento de bien inmueble, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
Andrés Duque es estudiante de historia y líder social de asuntos de vivienda. Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí de Popayán desde la coordinación de del movimiento Los Sin Techo. Además, hace parte de la Red Francisco Isaías Cifuentes, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Bremmen Hinestroza es padre de una niña de 8 años, es líder social y da talleres de arte dramático. También hace parte del movimiento Los Sin Techo y de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.
Pese a su trayectoria social y a que el Gobierno los seleccionó entre más de 200 jóvenes detenidos para quedar en libertad antes de nochebuena, el juez acoge los argumentos del abogado de las víctimas de las supuestas invasiones de predios privados que buscaban demostrar que Duque e Hinestroza no debían ser parte de los voceros de paz. La Fiscalía y la Procuraduría están de acuerdo con la negación de la libertad. William Ruiz, tío de Andrés Duque, le dijo a CARACOL RADIO que desde octubre solicitaron sustituir la detención en la prisión por una domiciliaria casa por cárcel. Es decir, lo hicieron antes de que se profiriera la ley de paz total, que es la que permite las liberaciones de los voceros de paz: “Consideramos que es suficiente para los fines constitucionales la medida en la casa y no intramuros”.
La decisión judicial, que contradice la solicitud explícita del presidente Petro, revive la polémica de hasta qué punto el Gobierno puede intervenir en las decisiones de la justicia para cumplir su promesa de liberar a los jóvenes detenidos durante las protestas, una de las banderas de campaña del hoy presidente. En la selección de los primeros siete voceros de paz, que incluye a Duque y a Hinestroza, el Gobierno tuvo en cuenta que ninguno estuviera sindicado por delitos de lesa humanidad, homicidio, delitos sexuales, delitos contra menores de edad ni tortura. “Son delitos de afectación al bien público o privado, obstrucción de vías públicas, transporte o irrespeto a autoridad. Lo que más tuvimos en cuenta no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que pueden prestar para la reconciliación del barrio”, dijo en su momento el ministro de Justicia, Néstor Ozuna.
A la negación de la libertad de estos dos jóvenes, se suma el oficio de la Procuraduría de este martes 27 de diciembre, en el que critica la liberación de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo, otros dos jóvenes designados como voceros de paz y quienes quedaron libres el viernes 23.
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A través del documento dirigido a Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el ministerio público se queja de una presunta falla cometida por la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá que firmó la libertad de Márquez y Bermeo. “El órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea que serán voceros de paz”, aseguró la Procuraduría a través de un comunicado.
La procuradora Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia del Gobierno Duque, sustenta esa queja en un video en el que asegura que la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao no podía ordenar la libertad otorgada a los voceros de paz la semana pasada por varios motivos, incluyendo que si bien es una juez, solo puede impartir justicia cuando ningún otro juez del centro tiene la posibilidad de hacerlo.
“Consideramos que no tiene competencia para ello, y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones”, dijo Cabello y agregó que los delegados de su entidad no fueron tenidos en cuenta en las diligencias penales en las que se concedió la libertad a las dos personas señaladas de hacer parte primera línea y, que ahora, son voceros de paz.
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