“Alerta, nuestro compañero Álvaro Herrera Melo, estudiante de la Universidad del Valle, está herido y fue llevado por la policía a la estación La María. Estaba en el cacerolazo sinfónico”. Una denuncia corría a la velocidad de las redes sociales la tarde del 28 de mayo mientras Cali, en el suroeste de Colombia, vivía un día de terror que, se supo después, dejó 14 muertos y será recordado por la presencia de civiles armados escoltados por la Policía. Músicos colombianos, escritores y organizaciones de derechos humanos buscaban a un estudiante que había estado tocando su corno francés en un Cacerolazo Sinfónico, como se conoce a la forma en que los músicos colombianos se han sumado a las protestas que ya completan más de un mes.
“¿Y por qué estabas vandalizando el CAI de Ciudad Jardín?”, pregunta un policía que lo graba con el celular. Álvaro respira y no dice nada. “¿Quién te mandó?”, insiste el agente que lo graba desde arriba. “Un grupo de vándalos que estamos organizados en un…”, dice el estudiante sin terminar la frase antes de que el policía le increpe: “¿Y usted por qué lo estaba haciendo?”. “Pues porque estaba en el grupo, estaba con los vándalos”, responde. “¿Y a usted quién lo golpeó?”, insiste. “Los manifestantes”, dice el muchacho.
Casi al mismo tiempo, un video circulaba en las redes de los políticos del partido de Gobierno, Centro Democrático. El mismo muchacho, ahora esposado y sin camisa, con sangre bajando por su rostro y visiblemente asustado aseguraba a una cámara que él había estado tirando piedras y palos en el acaudalado barrio de Ciudad Jardín. No es claro cómo llegó hasta una concejal de ese partido, pero rápidamente se viralizó.
En efecto, una jueza de garantías declaró que la captura había sido ilegal y un día después, tanto Álvaro como otros tres estudiantes detenidos en circunstancias similares, recuperaron su libertad. La suya se ha convertido en la imagen emblema de las detenciones. Y para las organizaciones que han documentado las violaciones de derechos humanos en las protestas revela que, en Cali, no solo hubo civiles disparando a manifestantes, sino que también participaron en detenciones.
El video, que fue presentado como un trofeo para quienes critican las protestas, se convirtió, al mismo tiempo, en prueba de denuncia de un acto prohibido por la ley. Nadie está obligado a autoincriminarse. “Le sacaron el testimonio a golpes. Una y otra vez apagaron y prendieron la cámara y lo golpeaban hasta que dijera lo que querían. Eso constituye tratos inhumanos y degradantes, es tortura y no es propio de un Estado democrático”, denunció el abogado Sebastián Caballero, de la Primera Línea Jurídica, un grupo de juristas que se unió para defender a los manifestantes del paro.
