La incorporación de más documentación al caso Púnica ha agitado esta larga instrucción judicial que afronta su fase final —se prevé que acabe en verano— y donde se investiga, entre otros asuntos, la supuesta financiación ilegal de los populares madrileños durante la etapa de Esperanza Aguirre. Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda en prisión por el caso Gürtel, remitió en abril una serie de facturas a la Audiencia Nacional que, según dijo, evidencian que existió otra vía de entrada de fondos irregulares en la formación por más de un millón de euros. Este movimiento del exregidor ha provocado que el juez Manuel García-Castellón, que ha apremiado a las partes para acelerar la conclusión de las pesquisas, desgajase entre recelos estos nuevos papeles para investigarlos por separado del resto del caso, lo que ha provocado la protesta de una acusación.
La gran confesión de Guillermo Ortega sobre esta otra vía de entrada de fondos se produjo en el verano de 2020. El 9 de julio del pasado año, el exregidor contó la existencia de más de un millón de euros de “sobrefacturación” en la contratación de publicidad a través de la empresa Mercado Puerta de Toledo, que dependía del Gobierno regional. Según explicó el exalcalde popular, condenado a más de 40 años de cárcel en la trama principal del caso Gürtel, el PP regional desviaba mediante esta compañía “fondos” públicos para la “mejora” de la imagen de miembros del Ejecutivo autonómico, incluido Aguirre, o a la organización de actos para los medios de comunicación.
La queja se suma a la lista de encontronazos en la última fase del caso Púnica, y que ha incluido críticas de la Fiscalía al juez por “obviar” algunos “indicios o elementos probatorios”. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, teme ahora que la decisión del magistrado de apartar estas nuevas facturas de la investigación sobre la financiación irregular del PP madrileño impida contar después con todo los elementos necesarios para “esclarecer los hechos” y enjuiciar a sus responsables. Todo ello, además, después de que se archivasen las pesquisas contra Cristina Cifuentes, que permaneció imputada hasta hace un mes, y cuando se avecina la decisión sobre si se adopta la misma medida en el caso de los otros dos expresidentes que permanecen bajo sospecha, Aguirre e Ignacio González.
Ortega, que ha reiterado su “voluntad de colaborar plenamente con la justicia”, repite que tuvo conocimiento directo de las irregularidades. Básicamente porque, después de que el PP de Madrid le obligase en 2005 a dejar la alcaldía por un escándalo urbanístico, el Ejecutivo de Aguirre lo recolocó como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Y desde allí, según afirmó en su declaración, infló facturas para desviar fondos a la caja b del partido para las compañas electorales.
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